Una disputa por la verdad

El agrio debate en torno a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sobre el asesinato de 41 senderistas en el penal Castro Castro a pocas semanas del golpe del 5 de abril de 1992, no hace otra cosa que revelar que la verdad todavía se encuentra en disputa sobre lo que verdaderamente aconteció durante la década y media de guerra interna en nuestro país.

Más allá de los detalles que se puedan discutir, lo que dice la CIDH es que el Estado peruano, entonces conducido por la dictadura de Fujimori y Montesinos, mató a presos desarmados dentro de una cárcel pública, muchos de ellos luego de haber sido físicamente reducidos y sin que la intervención se hubiera originado por un motín de la población encarcelada. No sorprende pues que los considere víctimas de la represión estatal, más allá de las razones por las que estuvieran encarcelados y/o la pésima conducta que hubieran observado dentro de la cárcel, y que reclame una reparación para sus familiares.

El caso es que en este país hay quienes consideran, entre ellos buena parte de nuestra clase política y diversos voceros de opinión, que los que cometen delitos atroces, el terrorismo entre ellos, pierden la condición humana y debe tratárseles peor que a animales, sin asistirles siquiera las garantías del Estado de Derecho. Estos son los que justifican la masacre de Castro Castro, como antes justificaron las masacres –salvando las distancias– ocurridas en las cárceles de Lurigancho y El Frontón. Por eso, lo que debemos preguntarnos es cuál es el dilema profundo que atraviesa todavía a buena parte del país para que se sigan produciendo estos debates que en otro contexto parecerían absurdos. Creo que la cuestión irresuelta es la verdad sobre la guerra interna. Tuvimos una Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR, que a juicio de múltiples observadores realizó un gran trabajo para establecer lo que verdaderamente sucedió en los años de guerra interna, señalar sus causas y dar pautas para una reconciliación. Sin embargo, sus logros explicativos se ven ensombrecidos por su fracaso político. La verdad que debería haber sido relativamente zanjada por los resultados de la CVR sigue todavía en disputa.

Y, ¿cuál es esa verdad en disputa? La que tiene que ver con la médula de lo sucedido. El Estado y sus gobernantes, tanto en dictadura como en democracia, han trasmitido que lo que ocurrió fue una guerra contra dos grupos subversivos reprimida por las fuerzas armadas y policiales que en lo fundamental actuaron correctamente, con violaciones aisladas de los derechos humanos. La CVR , en cambio, señala que si bien la guerra tuvo su origen en la decisión de los grupos subversivos, principalmente Sendero Luminoso, esta fue reprimida con una estrategia gravemente equivocada por parte del Estado, civiles y militares, que llevó a gravísimas violaciones de los derechos humanos.

La responsabilidad de los grupos subversivos en el origen y desarrollo del conflicto tiene un alto nivel de consenso. No así la responsabilidad del Estado que hoy todavía se encuentra en cuestión. Durante los años de dictadura muchos creíamos que este era un cuestionamiento privativo del fujimorismo y algunos sectores de la derecha reaccionaria, pero nos equivocamos. Los dos gobiernos democráticos posteriores a la dictadura también han vacilado frente a la responsabilidad del Estado en esta guerra e incluso el actual gobierno aprista pretendería convertirse en el mejor perseguidor de los que no opinan como él. Una lástima, porque mientras no se resuelva a cabalidad la verdad del conflicto interno será muy difícil construir una verdadera democracia.


Nicolás Lynch (Perú). Ex ministro de Educación