A la banda ultraderechista creada en 1973 por el fallecido José "el Brujo" López Rega -ministro de Bienestar Social y hombre de confianza del matrimonio Perón- se le atribuyen 1.500 atentados y asesinatos de opositores e izquierdistas en medio de una de las etapas más dramáticas de violencia política que vivió el país.
En una resolución de tres páginas, Oyarbide señala que "la asociación ilícita denominada 'Triple A' se habría gestado y funcionado en la órbita del Ministerio de Bienestar Social" cuando López Rega ocupaba la cartera. Oyarbide considera también que la ex presidenta facilitó la salida del país de López Rega y otros miembros de la Triple A, pese a que eran objeto de investigaciones judiciales.
El magistrado recuerda que la entonces presidenta designó en 1975 a López Rega enviado especial ante los gobiernos de los Estados de Europa, con rango de embajador. Esto se hizo, señala el auto, "aún existiendo investigaciones penales en trámite que vinculaban al ex ministro con la organización de dicha sociedad criminal".
Asimismo, el gobierno de Isabel Perón "facilitó la salida del país de otras personas que también aparecían vinculadas a la investigación", como Miguel Ángel Rovira y Rodolfo Eduardo Almirón, a quienes la ex presidenta designó para acompañar a López Rega.
Rovira, ex oficial de la Policía Federal, fue detenido la semana pasada y se encuentra bajo arresto domiciliario por su edad; Almirón, considerado "jefe militar" de la "Triple A", jamás regresó al país y, hasta que fue descubierto por la prensa, vivió en España, donde ahora espera que Oyarbide concrete un pedido de extradición en su contra.
La orden del juez Oyarbide sigue a otra dictada el jueves pasado por otro magistrado que investiga a la viuda del general Juan Perón por actos de represión cometidos en la provincia de Mendoza.
La ex presidenta estuvo detenida unas horas el pasado viernes en Madrid a raíz de esa primera orden de captura, dictada por el juez mendocino Raúl Acosta, que la involucra en la desaparición de un joven.
Según el juez Acosta, tres decretos gubernamentales de 1975 autorizaron a las fuerzas de seguridad a "aniquilar el accionar de los elementos subversivos" de izquierda y sirvieron de base para el secuestro y desaparición, un mes antes del golpe militar que en marzo de 1976 derrocó a la viuda de Perón, de Héctor Fagetti, que entonces contaba 25 años.
La orden de detención emitida hoy podría no ser la última contra María Estela Martínez de Perón, que, como vicepresidenta que era entonces, accedió al poder en 1974, tras el fallecimiento de su esposo, el tres veces presidente argentino Juan Domingo Perón. En la provincia de Tucumán, en el norte del país, otro juez investiga los crímenes cometidos en prisiones clandestinas que funcionaron durante la presidencia de Martínez.
Los procesos se instruyen por desapariciones de personas en los centros de detención "La escuelita" y "Nueva Baviera", instalados durante el gobierno de la viuda de Perón.
Esas prisiones clandestinas fueron instaladas en 1975, durante el "Operativo Independencia" que llevó a cabo el Ejército argentino contra la guerrilla izquierdista en Tucumán durante el mandato de "Isabelita", como se apoda a la ex mandataria.
Martínez ha rechazado ser extraditada a Argentina voluntariamente; en su casa de Villanueva del Pardillo, en los alrededores de Madrid, aguarda, a disposición de la Audiencia Nacional -ante la que debe comparecer cada 15 días-, a que los tribunales españoles decidan si hacen lugar a la extradición.
Si (
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