Y es que el ministro de la Producción, Rafael Rey, no se fue con rodeos y señaló que el Estado peruano debe pedir ante la Organización de Estados Americanos (OEA), la renuncia de los miembros de la CIDH debido al "avasallamiento" que implica la sentencia dictada.
En ese sentido, sostuvo a una emisora local que nuestro representante ante la OEA, Antero Flores-Aráoz, debe exigir "la remoción de los integrantes de la tremenda corte, porque no podemos permitir ni aceptar más avasallamientos con sentencias que ordenan la indemnización y reconocimiento a los senderistas".
Es más, se pronunció a favor de realizar un referéndum para que la población decida si el Perú debe retirarse del Pacto de San José.
No hay explicación legal ni humana
Pero Rey, no fue el único que se refirió al polémico fallo. El obispo emérito de Chimbote, Luis Bambarén, consideró el fallo de la CIDH “no tiene explicación legal ni humana” y señaló que son los terroristas los que tendrían que indemnizar a sus víctimas y pedir perdón por el daño causado.
"¿Cómo es posible eso? (el pago de indemnizaciones) cuando son ellos (los terroristas) los que tendrían que indemnizar", manifestó el clérigo a una emisora local.
De otro lado, el constitucionalista Enrique Bernales, calificó de "tinterillada" la propuesta dada por el representante de Perú ante la OEA, Antero Flores Araoz, para embargar las reparaciones dispuestas a los familiares de los subversivos.
"Si el gobierno no acata y desconoce la sentencia de la Corte, estaría justificando el acto criminal, que es la ejecución extrajudicial, por consiguiente se pondría fuera de la ley internacional, algo inconcebible", manifestó.
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