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Critica el "oscurantismo" del Consell

El PSPV afirma que el informe de la Sindicatura revela que la Generalitat está en estado de "disolución"

El PSPV-PSOE considera que el último informe de la Sindicatura de Cuentas, relativo al ejercicio 2005, revela que la Generalitat está en  estado de "disolución" y "quiebra técnica". Según resaltó el secretario de Economía del PSPV-PSOE, Enrique Villarreal, la administración autonómica está "al borde del colapso". Los socialistas denunciaron que el informe de la Sindicatura "pone de manifiesto la opacidad y el oscurantismo" del Consell "que se ha convertido en el rey de las tinieblas".
Villarreal indicó que gran parte de las empresas públicas de la Generalitat, "si se les aplicara con rigor la legislación para entidades privadas que rige para otras sociedades" estarían en "disolución técnica".

En esta situación se encuentran, aseguró, la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, el grupo Radio Televisión Valenciana (RTVV), la Ciudad de la Luz, Proyecto Cultural de Castellón, el aeropuerto de Castellón y el Instituto Valenciano de Turismo.

El portavoz socialista manifestó que de 2003 a 2005 el incremento de la deuda de las empresas públicas ronda el 50 por ciento (49,37%). De ellas, subrayó casos "espectaculares", como el de Ciegsa, que ha pasado de una deuda de 45 millones en 2003 a 643 millones de euros en 2005, --incremento que se sitúa en el 1.326 por ciento--, o el de RTVV, con un incremento en ese periodo de la deuda en un 69,79 por ciento, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (52 por ciento) y la Agencia Valenciana de Turismo (267 por ciento).

También cifró las facturas en los cajones en 1.129 millones de euros y aludió el endeudamiento, que "sigue siendo el más alto de España", y no ha disminuido en el tercer trimestre de 2006, como, según dijo, el conseller de Economía, Gerardo Camps, porque la deuda se centrifuga a las empresas públicas.

Igualmente, criticó que los compromisos futuros contraídos por la Generalitat "se aproximan ya los 20.000 millones de euros y tienen fecha de caducidad para el año 2029-2030", de forma que "no únicamente se está hipotecando la situación financiera de la Generalitat Valenciana en la actualidad, sino que se está hipotecando también la situación financiera con la cual se van a encontrar los futuros gobiernos autonómicos".

Esto revela, aseguró, el "desprecio que el Gobierno Camps tiene respecto al funcionamiento democrático", al "cortar de raíz cualquier posibilidad de actuación o de políticas alternativas para el futuro". En cuanto a los 700 millones de euros en derechos definidos, Vilarreal indicó que la Generalitat "sabe que no se cobrarán nunca".

Sobre la liquidación del presupuesto de 2005, manifestó que la Sindicatura advierte al Consell que no se ajusta a la situación financiera real. Así, denunció que el organismo aumenta el remanente de tesorería negativo de los 600 millones en los que la cifra al Consell a 2.500 millones de euros, una vez añadidas las facturas en los cajones, los derechos definidos no contabilizados y otros compromisos de pago.

Por su parte, la portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Socialista en las Corts Valencianes, Cristina Moreno, aseguró que la situación de las cuentas es "crítica", de "disolución" y "quiebra total".

Pérdida de inversión

Moreno aseguró que la aportación de capital que la Generalitat ha realizado en las empresas públicas "ha ido perdiendo valor año tras año". En este sentido, denunció que en 2003, la pérdida de valor de la inversión realizada en las empresas públicas fue 240 millones de euros, en 2004, de 247 y en 2005, de 284 millones de euros.

La diputada denunció también que la Generalitat "juega contablemente con las subvenciones de las empresas públicas" porque al finalizar el ejercicio 2005 sólo les pagó el 37 por ciento de lo que debía aportar, situación que les lleva a endeudarse y a situar en sus cuentas "teóricos ingresos que no se cobrarán".

Moreno aseguró que además las empresas públicas le sirven a la Generalitat para "convertirse en el servicio de empleo de los afiliados del PP" y afirmó que por primera vez el informe revela "incumplimientos de la normativa en materia de personal" en todas las empresas públicas, aludiendo a "contrataciones a dedo", a conversiones de temporal a fijo "con las recomendaciones en contra de los Comités de Empresa" y a despidos que se negocian y se liquidan "por mucho más dinero del que correspondería".

La parlamentaria también aludió a una auditoria en el Instituto para la Acreditación y Evaluación de las Practicas Sanitarias de los años 2004 y 2005 a raíz de una posible responsabilidad contable  y manifestó que en ésta se expone una desaparición del inmovilizado valorado en 8.000 euros, (referentes a un portátil, un móvil, una impresora y una cámara de fotos).

También figura, afirmó, la devolución de 14.363 euros por parte del anterior gerente sobre unos gastos que no se entendían como justificados. Según Moreno, "obviamente, cuando el gerente ha devuelto el dinero, el gasto no debía estar muy justificado", y lo comparó al caso del ex director del Instituto Valenciano de Finanzas José Manuel Uncio.

Moreno indicó que "si alguien ha realizado un gasto que no debía no puede terminar la cosa simplemente devolviendo el dinero", sino que "hay que exigir responsabilidades".
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