No hay “proceso”, sino sueño de la razón

Todavía calientes las brasas de “la guerra de los vídeos”, algunos medios han utilizado las facilidades de sus ediciones on-line para que sus lectores comparen las “cesiones” a ETA en las diferentes ocasiones de negociación con la banda armada. No era razonable esperar sorpresa alguna y no se ha producido. Los lectores o la audiencia de medios afines al PSOE opinan que José María Aznar cedió más, con los acercamientos de presos y su famosa apelación al “movimiento vasco de liberación”. Los lectores de medios afines al PP, en cambio, no tienen la menor duda de que Rodríguez Zapatero está cediendo mucho más y dispuesto, por permanecer en el poder, a alimentar incluso las voracidades separatistas. Entristece, respecto a la calidad de nuestra democracia, este alineamiento de partidos, audiencias y medios de comunicación, en particular por lo que hace a estos últimos.

Es razonable, incluso deseable, que haya medios progresistas, medios conservadores, incluso medios radicales de cualquier signo. La libertad de expresión no es una parte de la democracia, sino su esencia misma, y no hay libertad de expresión sin el más amplio derecho de todos a exponer sus ideas y opiniones, incluso las más exageradas o disparatadas. El paso que no se debiera dar, y que en España se ha dado con toda evidencia en estos últimos años, es la alineación partidista de los medios. Quién empezó es casi lo de menos. No cabe exculpar, porque alguno lo hiciera primero, la facilidad con que otros han acudido al mal camino.

            Unos por otros, la nación dividida frente al terrorismo. Ni pacto por las libertades y contra el terrorismo, ni consenso respecto a la configuración territorial del Estado, ni la menor eficacia frente a la delincuencia y la corrupción, ni consenso tampoco respecto a la ordenación del fenómeno migratorio… He aquí el triste espectáculo de un país a la deriva. ¿Qué puede desear mejor ETA que una sociedad española dividida y confrontada mitad por mitad respecto a un tema tan claramente de Estado como es la lucha contra el terrorismo? ¿Qué puede beneficiar más a los objetivos de ETA?

Frente a esta evidencia parece muy secundaria la polémica sobre quién fue el primero en romper la unidad política y social frente a la violencia armada. Ahí está el terrible caso del 11-M. ¿Quién tiró la primera piedra? ¿Fue el gobierno del PP con el intento –además de estéril, equivocado, y peor equivocación aún es el actual “mantenella y no enmendalla”– de endosar el acto terrorista a ETA, que sobradamente abominable es por sus propios actos? ¿Fue acaso el PSOE con su descarada estrategia –moralmente ilícita– de endosar la responsabilidad del crimen no a sus autores, sino al gobierno del PP por haber apoyado la invasión de Irak, como por cierto defendió en su momento el anterior gobierno del PSOE con ocasión de la guerra de Kuwait?

            Una vez más, como siempre en política, lo que conviene a los ciudadanos es salir de ese abismo de situar el debate en una confrontación sin salida, blanco o negro, y volver a lo razonable, que es la determinación de límites. La acción política es dialéctica por su propia naturaleza. Lo que importa es que todos, a un lado y otro, tengamos claros los límites. Los límites, por ejemplo, del proceso autonómico para que permanezca dentro del marco constitucional del estado de las autonomías, donde por cierto, probablemente ya no está.

Afirma una y otra vez Pérez Rubalcaba que el soberanismo y la autodeterminación no caben en nuestra Constitución. El actual ministro del Interior es creíble por su trayectoria, pero corren tiempos diferentes. Alguna rara vez, cuando ya no puede esquivarlo, dice algo parecido, sólo parecido, Rodríguez Zapatero, pero se nota, en las palabras y en los gestos, que le cuesta mucho no matizar ese pronunciamiento. Sin embargo, ETA y sus portavoces batasunos aseguran que el soberanismo y la autodeterminación están sobre la mesa de negociación y no sólo eso, que ya es importante que se aclare, sino que son “irrenunciables”.

Le pregunté no hace muchos meses al más moderado de los nacionalistas vascos, Josu Jon Imaz, actual presidente del PNV, si sería posible una fórmula que conciliase el que el Estado reconozca Euskadi como nación con una expresa declaración de Euskadi, por ejemplo, a través de su Parlamento, de la voluntad de permanecer dentro de España, concebida ésta como “nación de naciones” o “estado plurinacional”. Fue más expresivo incluso el gesto, el parpadeo, la vacilación, que las palabras de su respuesta: “Te entiendo, pero yo eso no puedo proponerlo en Euskadi”. Tuve la sensación de que no le disgustaría poder proponerlo, porque es hombre razonable y moderado. Pero no puede, y esto es lo que cuenta.

En el punto al que se ha llegado, no es posible porque es ETA la que controla el llamado “proceso de paz”, y negar la evidencia sólo conduce a estrellarnos con ella. Sucede que ETA y el nacionalismo radical vasco, que penetra incluso en el PNV a través de Ibarretxe –un político acomplejado y de hondo y visceral antiespañolismo–, tienen puesto el listón en el programa de máximos, y su “proceso de paz” pasa necesariamente por un estado vasco independiente que sólo se relacionaría con la odiada España en las instituciones de Bruselas.

Por eso, la polémica que promueven los exégetas del actual proceso de negociación entre el Gobierno y ETA está trucada. Se rasgan las vestiduras, sacan en vídeo las imprudentes y equivocadas declaraciones de Aznar y sus colaboradores cuando a su vez negociaban con ETA, y de ahí deducen que Rodríguez Zapatero tiene “el mismo derecho y la misma obligación de intentarlo”. Pero la cuestión de ahora no es lo que hizo mal el gobierno de Aznar, sino lo que está haciendo mal el gobierno de Rodríguez Zapatero. Aprender de los errores ajenos parecería más prudente que exigir el derecho a repetirlos.

Además, hay algunas diferencias, pequeñas pero no irrelevantes. Cierto que el PSOE, a través del pacto por las libertades y contra el terrorismo, apoyaba el intento del gobierno Aznar, pero cierto también que el PSOE, a través del pacto por las libertades y contra el terrorismo, recibía cumplida información de lo que estaba haciendo el gobierno Aznar, lo que ahora, a la inversa, no sucede, como Mariano Rajoy se ha visto obligado a denunciar de forma reiterada. Ahora, lo que Rodríguez Zapatero pide al PP no es consenso, sino fe, que como es sabido consiste en creer en lo que no vemos, y que es algo difícil de trasladar desde lo religioso a lo político.

Esta negociación subterránea y hermética con ETA está en un callejón sin otra salida que el doble salto mortal sin red desde la desvertebración territorial, que ya colisionaría –o colisiona– con la Constitución, al separatismo puro y duro que iniciaría el proceso de extinción de la más antigua nación de Europa. Es decir, está en un callejón sin salida, y la única posición política decente consistiría en darla por terminada y volver a lo que es obligación exigible, incluso legalmente, a quienes democráticamente han recibido la responsabilidad de la dirección política de la nación española, esto es, a utilizar los recursos de fuerza defensiva del Estado para conseguir la rendición incondicional de ETA. Es lo que, incluso con menos razones, dijo Sir Winston Churchill en inolvidable ocasión histórica: “No he sido nombrado primer ministro de Su Majestad para presidir la descomposición del imperio británico”.

Claro que esto exigiría, de forma simultánea, decisiones coherentes del PP, como acudir de inmediato al restablecimiento de un consenso por las libertades y contra el terrorismo, y enterrar de una vez el 11-M, no en cuanto apoyo a las víctimas y emblema de la necesaria actitud preventiva frente a la yihad islámica, sino en cuanto terreno de confrontación política interior. Enterrar el 11-M es la condición “sine qua non” para que el PP vuelva a encontrarse con los espacios centristas de opinión. ¿Están unos y otros, gobierno y oposición, dispuestos a la grandeza de restablecer el consenso político que los españoles merecemos, y a colaborar para que la derrota del terrorismo sea definitiva y sin réditos políticos de partido? Ésta es la verdadera cuestión de fondo.