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Alaya concluye la nueva ronda de declaraciones por los ERE con la comparecencia de otros cuatro imputados

jueves 14 de mayo de 2015, 15:25h
La juez Mercedes Alaya ha concluido este jueves la nueva ronda de declaraciones de imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía tras la comparecencia de otros cuatro imputados, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

   La juez había citado esta semana a declarar a un total de 25 imputados, de los que han comparecido en su despacho un total de 22 --uno de los citados no compareció tras haber fallecido--, la mayoría relacionados con las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla, entre ellos los exalcaldes socialistas de Guadalcanal y El Real de la Jara, en Sevilla, o una religiosa que fue presidenta de una cooperativa textil.

   En la jornada de este jueves, ha comparecido ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla Salvador Boza Hernández, administrador de 'Refractarios Andalucía', a la que, según Alaya, la Junta le concedió una ayuda de 721.214,53 euros "sin solicitud ni documentación justificativa".

   Ante la magistrada también han comparecido este jueves los representantes de EDM, Juan Ruiz Cobo, y de Séneca, María José Cueva Gómez, que se han acogido a su derecho a no declarar, así como al presidente de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (Aselip), Francisco Jardón, por las ayudas a FCC-Cespa.

   Juan Ruiz Cobo, cabe destacarlo, ha sido conducido al despacho de la juez esposado y acompañado por dos agentes de la Policía Nacional, ya que actualmente se encuentra interno en la cárcel de Jaén por delitos contra la hacienda pública.

   El pasado lunes, declaró ante la juez Alaya el exalcalde socialista de Guadalcanal Carmelo Montero Cabezas, que fue presidente de la cooperativa Almazara de Guadalcanal y que aseguró que le pidió una ayuda al exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera en una reunión en la que, según dijo, también estaban presentes el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y el exgerente del IFA en Sevilla Manuel Enrique Rodríguez Contreras.

   Una vez finalizada su declaración, el Ministerio Público pidió para el exprimer edil una fianza civil de un millón de euros más el tercio legal previsto, solicitud a la que se adhirió la acusación que ejerce la Junta de Andalucía, mientras que el PP lo dejó a criterio de la juez Alaya.

   Ya en la jornada del miércoles, compareció ante la magistrada Carmen Muñoz Rivas, una religiosa del convento de clausura de las Jerónimas de Constantina (Sevilla) imputada en el caso por la ayuda de 44.000 euros que recibió la cooperativa textil SCA Megara de la que era presidenta antes de entrar en el convento.
   El Ministerio Público pidió para ella una fianza civil de 59.000 euros --correspondiente al valor de la ayuda, más el tercio legal previsto--, a lo que se opuso el abogado de la novicia, pues su patrocinada "se considera inocente, ajena por completo al objeto de la investigación, confía plenamente en la justicia y estima que en fases posteriores del proceso quedará acreditada su inocencia".

   El miércoles también comparecieron ante la juez el que fuera alcalde socialista de El Real de la Jara entre 1985 y 2007 José Antonio Méndez Sánchez y su esposa, Rosario Parrado Gallego, quienes se acogieron a su derecho a no declarar y para quienes la Fiscalía solicitó una fianza civil de 50.000 euros, por el valor de la ayuda recibida, más el tercio legal, lo que hace un total de 66.666 euros.
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