El alcalde de Aznalcóllar lamenta otro "retroceso" en la reapertura de la mina por la "chapuza" de la Junta

El alcalde de Aznalcóllar (Sevilla), Agapito Ramírez (IU-CA), ha lamentado este miércoles que la reapertura de la mina de la corta de Los Frailes afronte otro "retroceso" como consecuencia de la "chapuza" cometida por la Junta de Andalucía en el procedimiento administrativo seguido para sacar de nuevo a concurso los derechos de explotación del yacimiento, adjudicados a la agrupación empresarial México Minorbis mediante un proceso investigado por la Justicia.

   En declaraciones a Europa Press, Agapito Ramírez ha lamentado el nuevo conflicto que amenaza la reapertura de la mina de Aznalcóllar. Y es que después de la adjudicación de los derechos de explotación al grupo empresarial México Minorbis, formado por la compañía andaluza Magtel y el Grupo México, la denuncia por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude promovida por otra empresa descartada del concurso ha motivado que el Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla haya apreciado "graves irregularidades" en el proceso de adjudicación y haya ordenado tomar declaración a la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asencio Coto.

   Tal extremo, en consecuencia, ha desencadenado que la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, haya anunciado la suspensión del procedimiento de adjudicación. Para el alcalde, "es lógico" que la Junta haya decidido suspender la adjudicación si un juzgado investiga presuntas "irregularidades en la misma". Pero lo más importante, a su juicio, es que la reapertura de la mina afronta otro "retraso", con los consecuentes efectos en el empleo, a cuenta de la "chapuza" de procedimiento seguido por la Junta.

   Así, ha recordado que el procedimiento ya vivió un primer conflicto con el Estado a cuenta de las competencias relativas a la licitación de los derechos de explotación de la mina y ahora la Justicia indaga una posible "connivencia" entre la Junta de Andalucía y la empresa andaluza Magtel, integrada en la adjudicataria de la mina, así como "irregularidades y deficiencias" en el concurso.

   "Es una verdadera chapuza", ha clamado temiendo que la reapertura de la mina sufra "un retroceso muy importante", sobre todo porque en el municipio estaban "muy esperanzados" en que el proyecto prosperase e incluso Magtel habría anunciado ya las primeras "cien" contrataciones para acometer "investigaciones y sondeos" en la corta minera.

AZNALCÓLLAR. LA MINA

   La mina de Aznalcóllar, recordémoslo, fue abandonada después de la tristemente famosa catástrofe medioambiental de 1998, cuando la balsa de residuos de metales pesados asociada al complejo minero, explotado entonces por Boliden-Andaluza de Piritas S.A. (Apirsa), sufrió una fractura que provocó un vertido masivo de lodos tóxicos a todo el área de influencia del río Guadiamar.

   Como consecuencia de la ruptura de la balsa de residuos de la mina, la multinacional sueca de la minería Boliden abandonó la explotación de Aznalcóllar, que sostenía más de 450 empleos estables y cerca de 700 eventuales. Para contrarrestar la contaminación masiva del cauce del río Guadiamar, fue necesario un programa de restauración que supuso el desembolso de decenas y decenas de millones de euros de las arcas públicas durante varios años.

   A día de hoy, de hecho, la Junta de Andalucía mantiene vivas sus iniciativas para reclamar a la multinacional sueca Boliden el elevado coste de los numerosos y laboriosos trabajos de restauración medioambiental que siguieron a la catástrofe de 1998.

   La Junta de Andalucía, tras mantener la mina en barbecho más de tres lustros y esgrimiendo las altísimas tasas de paro de la comunidad autónoma y de la comarca de Aznalcóllar, promovió finalmente un concurso internacional destinado a ofrecer de nuevo los derechos de explotación del complejo minero, de casi 950 hectáreas de superficie y con unas reservas constatadas de 35 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos, principalmente cobre, plomo y zinc, además de oro y plata, y recursos probables por otros 45 millones de toneladas.

   La agrupación México Minorbis, participada por la andaluza Magtel, resultó adjudicataria de los derechos de explotación de la mina, toda vez que la restante agrupación empresarial en concurso, Emerita-Forbes Manhattan ha impugnado la resolución del concurso internacional acusando a la Administración autonómica de haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude. Emerita, entre otros aspectos, señala que su oferta de inversión fue de 641,5 millones de euros frente a los 304,6 millones de euros ofrecidos por Minorbis.