Las quejas por retrasos en el salario social se cuadruplican en 2014

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha dictado una resolución en la que pide a la Administración "agilidad" ante el retraso en el reconocimiento del Ingreso Mínimo de Solidaridad, también conocido como salario social, un asunto sobre el que se han multiplicado por cuatro las quejas ante la Institución en 2014. Así, y a la espera los datos concretos del cierre de año, el Defensor señala a Europa Press que han pasado de "unas treinta y tantas en 2013 a más de 140 el pasado año".

   En la resolución, el Defensor, Jesús Maeztu, explica que desde hace varios años realiza un seguimiento del 'Programa de Solidaridad de los Andaluces para la Erradicación de la Marginación y la Desigualdad en Andalucía', a tenor de algunas quejas sobre la "paralización" de los pagos en los primeros meses del año, cuando éstos se venían realizando con normalidad en meses anteriores.

   Esta situación de "paralización" del programa se volvió a producir en enero y febrero de 2014, "con un efecto multiplicador" debido al incremento en el número de personas beneficiarias, con lo que, en esta ocasión, "el número de personas que se dirigieron a esta Defensoría manifestando su malestar por la suspensión de la ayuda, fue significativamente mayor que en años anteriores".

   En este sentido, Maeztu considera en esta resolución, consultada por Europa Press, que esto "tiene que ver no solo con las dificultades de gestión del programa, sino con la gestión del presupuesto anual en el primer mes del año por la Administración autonómica, ya que hasta el 20 de enero, fecha aproximada en que se produce el pago de esa mensualidad, aún está vivo, a efectos de la Intervención Delegada, los expedientes del año anterior, lo que supone que el presupuesto anual no empieza a estar operativo hasta avanzada esa fecha".

   En vista de todo ello, la Defensoría incoó una queja de oficio, para conocer los datos de aplicación del Programa de Solidaridad en el año 2013, referidos a su distribución provincializada debiendo quedar reflejado: número de personas usuarias, cuantía de la distribución por provincias, tiempo de espera para acceder al programa y previsiones económicas para el año 2014.

   Y, añade la resolución, en cuanto a los problemas surgidos en torno a la paralización o suspensión de los pagos que se venían realizando y que se había producido en el mes de enero, quería conocer "las medidas que se iban a tomar para corregir tal disfuncionalidad, estables y con perspectiva de futuro para que en los próximos ejercicios económicos no volviera a producirse".

   De este modo, el Defensor señala que "valorado" el informe recibido de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, la Institución formula una resolución tanto al departamento que dirige María José Sánchez Rubio como a la Consejería de Hacienda y Administración Pública para "se dicte resolución que ponga término al procedimiento de las personas afectadas, aprobando definitivamente el reconocimiento y concesión del Programa de Solidaridad a las solicitudes que hay en espera desde hace meses".

   Además, solicita que se adopten en las delegaciones territoriales las medidas necesarias --materiales y personales-- para que se resuelvan, "a la mayor brevedad y urgencia posibles, las solicitudes en espera que reúnan los requisitos exigidos y las que se vayan presentando, en el plazo legalmente establecido de dos meses".

PIDE "ARBITRAR" UNA DOTACIÓN SUFICIENTE PARA LAS SOLICITUDES DE 2015 

 Y pide que antes de que se agote la partida presupuestaria prevista para el Programa de Solidaridad de 2015, de ser necesario, "se arbitre la dotación de los fondos suficientes para hacer frente a las solicitudes de acceso al programa que se presenten en 2015, para lo que sería aconsejable tener en cuenta la evolución de la demanda de los años en los que se ha instalado la crisis económica".

   Ante estas recomendaciones, la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales ha remitido una respuesta en la que informa de que "ha destinado un importe de 50,1 millones de euros, lo que ha supuesto la resolución de un total de 25.774 expedientes, tanto de concesión como de denegación o archivo. De los mismos, 21.334 fueron resoluciones de concesión del Ingreso Mínimo de Solidaridad".

   Además, en su escrito la Consejería le informa de que "durante la primera semana de febrero se han celebrado en las ochos delegaciones territoriales las primeras Comisiones de Valoración del ejercicio 2015, al objeto de dar respuesta a las solicitudes pendientes de 2014. Asimismo, hay previsión de celebrar nuevas Comisiones de Valoración a finales del mes de febrero o principios de marzo de 2015".

   En relación con la recomendación sobre que se arbitre la dotación de fondos suficientes para hacer frente a las solicitudes de acceso programa que se presente en 2015, la Consejería señala que "además de que estos créditos tienen la consideración de ampliables (...), desde finales de 2014 se están desarrollando una serie de medidas o aprobando un conjunto de programas destinados a personas que tienen un perfil similar a las beneficiarias del Ingreso Mínimo de Solidaridad".

   Aún así, y aunque reconoce que las medidas anunciadas por la Consejería ante esta problemática palían en parte esta situación, Maeztu ha insistido "en que seguirá atento a su ejecución y a demandar el reconocimiento de todas las solicitudes pendientes, conforme a la norma", porque, recuerda, "los beneficiarios del salario social son familias, en muchos casos con menores y personas dependientes a su cargo, para las que esta ayuda supone el único ingreso para su sostenimiento".