Decálogo (sugerido) para regenerar el Estado

Llega un momento en el que ya no puedes más: los casos de corrupción y sus derivados acaparan cada día más páginas de periódicos, más minutos en los noticieros de radio y televisión. Los españoles nos enteramos de cosas que ni podíamos sospechar, y mira que llevamos una trayectoria amplia y densa de historiales corruptos desde que estallaron Filesa, el 'caso Naseiro', Roldán y tantos otros que parecen estar ya en la prehistoria y ser casi 'peccata minuta', en variedad e imaginación, en comparación con -lo digo sin pretensión de exhaustividad- los Gürtel, Bárcenas, Fernández Villa, ERE, tarjetas Caja Madrid, Pujol o 'púnicas', que nos abruman cada día, sin darnos ya casi tiempo a reaccionar.

 No es tirándose los trastos a la cabeza en el Parlamento con el 'y tú más' o 'yo el doble' como lograremos establecer un clima de confianza en el ciudadano, asegurándole que esto, o cosas similares a todo esto, no volverá a ocurrir. He escuchado demasiadas veces, en sede parlamentaria o partidaria, la palabra "vergüenza" y hasta la palabra "disculpa", como para creer en que el propósito de la enmienda, que juzgo verdadero, será, además, eficaz. Pienso que, en este sentido, el bate parlamentario del pasado miércoles fue no inútil, sino contraproducente: es vital que los políticos cambien ya su lenguaje.

 Llevo muchos años mirando la cosa política. Esa experiencia me hace pensar en que no se trata solamente de que los gobernantes de turno se pongan a fabricar una nueva legislación, o a reformar la precedente, aunque bienvenidas sean las modificaciones parciales en las leyes obsoletas o incompletas, tal y como enumeró la vicepresidenta del Gobierno tras el Consejo de Ministros de este viernes.

 No es solamente la llamada 'clase política' -ya digo que yo me resisto, todavía, a emplear otra terminología hoy de moda-la que ha de estar involucrada en la regeneración.  Es fundamental que también la sociedad civil, las instituciones, las distintas organizaciones que puedan estar en riesgo de caer en irregularidades, desde las corporaciones profesionales hasta los clubes deportivos, por poner apenas un par de ejemplos, se pongan también a ello. En este plano, me resulta muy difícil de entender lo que sigue:

 -Que, a la vista de la que está cayendo, PP, PSOE y las demás fuerzas políticas no hayan llegado ya a una especie de 'pacto de La Moncloa contra la corrupción', formalizado también en el Parlamento. Con plazos y contenidos muy concretos y tasados. Creo que el espíritu de consenso, que todos dicen albergar y ninguno pone en práctica, es muy importante como inspirador de la política nacional, en lugar del vigente espíritu de la confrontación.

 -Que el funcionamiento de las organizaciones patronales, comenzando por la CEOE, CEPYME, CEIM, siga siendo el mismo de siempre, si es que no es peor que nunca. Sobre el ya inminente relevo en la cúpula de la patronal hay mucho que hablar, pero trascendería de los propósitos y límites de este comentario.

 -Que el funcionamiento de las organizaciones sindicales, comenzando por UGT y CC.OO, sea el mismo de siempre, si es que no es peor que nunca. Resulta casi increíble que, tras todo lo que ha venido sucediendo con los cursos de formación en diversas partes del país, por poner un ejemplo, no se haya producido ni una sola dimisión, ni un solo replanteamiento global, en el vértice de estas organizaciones.

 -Que los programas electorales de los partidos no se certifiquen ante notario, para asegurar su cumplimiento. Que las resoluciones aprobadas tras los debates sobre el estado de la nación se cumplan inexorablemente: resulta deplorable el efecto de su sistemático incumplimiento y olvido.

 -Que no se hayan establecido obligatoriamente la limitación de mandatos en la Presidencia del Gobierno, ni el desbloqueo de las candidaturas electorales, ni las elecciones primarias, ni se haya avanzado en las medidas de regeneración política tantas veces enumeradas por los propios dirigentes partidarios. Lo mismo puede decirse en determinados aspectos de 'saneamiento' de la legislación civil, por ejemplo regulando de manera más realista la contratación con el Estado, y procesal, evitando las 'penas infamantes' gratuitas.

 -Que no se potencien por ley las normas éticas de obligado cumplimiento en todas las corporaciones y colegios profesionales.

 -Que la restitución de lo mal habido no sea un requisito indispensable para la reinserción del procesado.

 -Que el Consejo del Poder Judicial no ejerza una efectiva vigilancia sobre la eficacia de los jueces, especialmente en la fase de instrucción. Tanto las imputaciones como las prisiones preventivas deberían quedar reguladas de manera que se dejase menor espacio al arbitrio del juez.

 -Que no se potencien las facultades de los órganos de vigilancia y control, tanto en el ámbito de respeto de la competencia como en los posibles manejos en el mercado de valores. Resulta fundamental agilizar las funciones del Tribunal de Cuentas y dotarle de competencia sancionadora. Lo mismo sea dicho de la vigilancia de conductas delictivas en medios de comunicación y redes sociales.

  -Que no se agilice el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado, sometiéndola a mayores controles y dotándola de mayor representatividad y agilidad.

 Son apenas diez aspectos, poliédricos, de una realidad que tendría que cambiar. Si de verdad tienen voluntad regeneracionista todos cuantos dicen tenerla, que mediten en este decálogo, que nada tiene de original por mi parte: son todos ellos puntos muy sentidos por la ciudadanía más consciente de que es preciso salvar la democracia, amenazada por el desinterés de los ciudadanos sobre el manejo de la cosa pública. Que la ciudadanía pueda pensar, aunque no sea una realidad escrupulosamente exacta, que el conjunto de sus representantes está corrompido, pone en riesgo el conjunto del sistema. Nada más, nada menos.