PP-A ve interés electoral en la propuesta de la Junta para las viviendas "ilegales", que "no soluciona los problemas"

La portavoz popular de Vivienda en el Parlamento andaluz, Alicia Martínez, ha considerado este martes que detrás de la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) propuesta por la Junta para resolver el conflicto de las viviendas "ilegales o alegales" está el hecho de que "en Andalucía se está hablando todos los días de las próximas elecciones autonómicas" y ha advertido, además, de que la solución planteada "no soluciona el verdadero problema" de estas construcciones, "ya que sólo 60 municipios han iniciado los trámites y les quedan años para regularizar".

   Así se ha expresado Martínez, según informa el PP-A en un comunicado, tras reunirse con colectivos de afectados, arquitectos, abogados, notarios, registradores, secretarios e interventores municipales --con los que ha creado un grupo de trabajo para abordar esta reforma legal "en profundidad"-- en el Parlamento andaluz, donde ha recordado que su grupo defenderá este jueves en el pleno una proposición no de ley sobre este asunto.

   La dirigente 'popular' ha destacado "la difícil situación en la que se encuentran más de 300.000 familias en toda Andalucía, a las que se les ha estado haciendo promesas desde el Gobierno andaluz que no han servido para nada".

   Según ha asegurado, en la actualidad, las viviendas aisladas que se declaren 'Asimilado a Fuera de Ordenación' (AFO) "podrán solucionar en parte su problema de acceso a suministros básicos y de registro de la propiedad, pero tal como ha dicho el Gobierno andaluz, el objetivo es que desaparezcan". Por tanto, serán las viviendas aisladas que están sobre parcelaciones pero que no llegan a ser asentamientos porque son menos de 60 viviendas "las únicas que se pueden ver beneficiadas por la medida que se va a aprobar desde la Junta".

   Así pues, Martínez ha criticado que sean "las viviendas que forman parte de los llamados asentamientos cuya regularización se confía a los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU)" las que van a tener "grandes dificultades para lograr su regularización, dado que la Junta tarda una media de siete años en aprobar los PGOU y, mientras tanto, estas viviendas no tienen garantizados los suministros básicos". "Se da la contradicción de que las viviendas que obtienen la declaración AFO están en mejor situación que estas que van por el planeamiento", ha advertido.

   La portavoz de Vivienda del PP-A también ha insistido en que "los propietarios están cansados de promesas, que llevan años malviviendo y que hay un gran número de viviendas que son de primera ocupación y que las han construido con su propio esfuerzo, y que ahora están dispuestos a legalizarlas con todas las garantías". Por ello, ha achacado a "la inacción y falta de gestión de la Junta el actual problema jurídico, pues los propietarios llevan años esperando una vía para poder cumplir la ley".

   "Se han aprobado el Reglamento de Disciplina Urbanística en 2010, la Modificación de la LOUA, previa a las autonómicas 2012, el Decreto de Regularización en 2012, las Normas Directoras en marzo 2013, y ahora esta nueva modificación que significa un paso pero que quedan 270.000 viviendas esperando que la Junta actúe", ha esgrimido.

   En cuanto a IULV-CA, Martínez ha lamentado que haya "vendido sus principios contra la regularización de viviendas, poniendo el precio en 20.000 viviendas, cuando en 2012 se hablaban de 250.000". Además, ha recordado a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que "el Gobierno andaluz y el PSOE garantizaron que el Decreto 2/2012, del 10 de enero, era una respuesta concreta acorde a cada situación y un ejercicio para adaptar la realidad física a la jurídica". "Esta promesa se produjo meses antes de las pasadas elecciones autonómicas, sin margen de tiempo para que los ciudadanos pudieran conocer su verdadero alcance", ha apostillado.

   En su opinión, por tanto, "el tiempo ha demostrado que lo aprobado en el 2012 no era ni una cosa ni la otra y ahora, transcurridos más de dos años y medio, cuando en Andalucía se está hablando todos los días de las próximas elecciones autonómicas, la presidenta de la Junta de Andalucía y su Gobierno prometen de nuevo que van a dar una respuesta a este problema y a la realidad que tenemos".