Anticorrupción pide 719.050 euros de fianza a un abogado de Garrigues

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido hoy una fianza de responsabilidad civil de 719.050 euros para José Miguel Caballero, abogado del Bufete Garrigues que intervino en una de las ayudas investigadas en el caso de los ERE, de cuyo pago ha pedido que sea responsable subsidiario su despacho profesional.

Caballero ha cerrado hoy una tanda de 28 nuevas declaraciones de imputados por ayudas a las empresas Altadis, A-Novo, la Sierra Norte de Sevilla y Nueva Rumasa, entre los que hoy también ha comparecido el exdiputado andaluz Ramón Díaz Alcaraz (PSOE), que se ha acogido a su derecho a no declarar al igual que los demás acusados.

La Fiscalía solo ha pedido fianza civil para el letrado que intervino en las ayudas a la empresa malagueña A-Novo Comlink, cifra que situó en el 2 por ciento de los 35.952.537 euros comprometidos por la Junta, es decir, 719.050 euros de cuyo pago ha pedido que sea responsable subsidiario el Bufete Garrigues.

Las declaraciones de hoy han incluido a los exdirectores de la agencia andaluza IDEA Antonio Valverde y Jacinto Cañete, que también se han acogido a su derecho a no declarar al igual que han hecho la mayor parte de los imputados que han comparecido a lo largo de la semana.

En el auto de imputación, la juez Mercedes Alaya aseguró que las ayudas a A-Novo con motivo de su ERTE de 2008 supusieron una "continuación del dispendio 'in crescendo' de fondos públicos andaluces" y se concedieron sin un estudio que demostrase su necesidad, sin que conste solicitud alguna y "con total ausencia de procedimiento".

Entre los beneficiarios se incluyó a Manuel Jiménez de Miguel, a quien se otorgaron unas rentas mensuales de entre 2.159 y 9.221 euros entre 2008 y 2017 por el único motivo de ser militantes de la Agrupación Socialista de Nervión en la capital sevillana.