Condenas de cárcel a dos mandos de la Legión por humillar a una treintena de aspirantes

El Tribunal Supremo ha ratificado las condenas de cárcel impuestas a dos cabos de Brileg, con sede en la base 'Alvarez de Sotomayor' en Viator (Almería) por humillar, agredir y protagonizar reiterados episodios de violencia física de "deplorable brutalidad" contra cerca de una treintena de aspirantes a legionario desde abril a julio de 2008.

El alto tribunal ha ratificado la condena de tres años de cárcel impuesta a Alejandro I. y ha aumentado de dos años y medio, a dos años y siete meses la pena dictada contra David L. por sendos delitos continuados de abuso de autoridad.

Los magistrados han estimado el recurso del fiscal togado para considerar que la pena impuesta a David L. debe aumentarse al tratarse de un delito en grado de continuidad. Además, denuncian que los acusados llegaron a desplegar sobre sus subordinados una "brutalidad que parecía erradicada hace tiempo".

La sentencia declara probado que los instructores, destinados en la Brigada de Infantería Ligera 'Rey Alfonso XIII' de la Legión, habían recibido órdenes de dispensar a los aspirantes un trato exigente pero correcto y acorde a las ordenanzas de las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, los acusados agredieron de forma generalizada a numerosos aspirantes a ser Damas y Caballeros legionarios mediante patadas, puñetazos, bofetadas, collejas o fuertes golpes en el pecho, que llegaron a causar a una de las víctimas un hematoma y herida con sangre.

LES PEDÍAN DINERO PARA COMPRAR ALCOHOL

Los condenados dispensaban este trato cuando los afectados realizaban flexiones o no se sabían el credo legionario, mientras les insultaban con expresiones como "no valéis para nada" o llamaban "mariconas, mierda o basura",

Era frecuente que los cabos presentaran síntomas de embriaguez mientras realizaban los ejercicios de instrucción y pidiesen dinero a los aspirantes para comprar bebidas alcohólicas. No obstante, el Supremo rechaza atenuar las penas por el consumo de alcohol ya que no actuaron bajo un estado de intoxicación pleno que mermara sus facultades mentales.

La sentencia, con ponencia del magistrado Ángel Calderón, confirma la existencia de una "abrumadora" prueba de cargo contra los acusados, entre la que se encuentra la declaración de 35 testigos que sufrieron malos tratos o los presenciaron.