Los imputados por el ERE del Hotel Cervantes denuncian su fianza "aleatoria"

Las fianzas civiles impuestas por la juez de los ERE, Mercedes Alaya, a los imputados por el Hotel Cervantes de Torremolinos (Málaga) han sido recurridas porque se basan en acusaciones no demostradas y a cada uno se ha fijado de forma "aleatoria" un porcentaje de la póliza total pagada.

Carlos Miranda Bacciarini, exdirector de Hotasa, la división hotelera de Nueva Rumasa; el sindicalista Gonzalo Fuentes y Antonio Isla, exdirector de Hotasa en Torremolinos, han recurrido las fianzas civiles de 120.942 euros, en el caso del primero, y de 60.471 euros en los dos últimos impuestos por la juez instructora.El abogado de Miranda, en un recurso al que ha tenido acceso Efe, dice que la juez ha fijado las fianzas de forma "aleatoria" y sin basarse "en criterios de necesidad y proporcionalidad" y además es una decisión "nula de pleno Derecho" y "absolutamente desproporcionada en este momento inicial de la causa".

Alaya se basa en "hechos sin contrastar" y no cumple el "deber de motivación" pues no presenta "ningún indicio, concreto y preciso, que pueda justificar la procedencia de la durísima medida cautelar", sostiene el recurso.

El abogado recuerda que Alaya imputa a Miranda hacer conocido que la financiación de la Junta para el ERE del Hotel Cervantes contó con la mediación del "conseguidor" Juan Lanzas, pero silencia que dos responsables de contabilidad del grupo Nueva Rumasa declararon que este imputado desconocía el contenido de un sobre que en una única ocasión entregó a Lanzas, supuestamente con dinero en efectivo.

En el ERE del Hotel Cervantes aparecieron dos "intrusos" que nunca trabajaron en él sino en otras empresas del grupo y la defensa de Miranda expresa su sorpresa por el hecho de que su fianza se haya fijado en el 20 por ciento de la prima total pagada, mientras que la de dos sindicalistas imputados se haya cifrado en el 10 por ciento y la de los presuntos "intrusos" en el cien por cien.

El abogado de Gonzalo Fuentes, miembro de la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de CCOO de Málaga, ha recurrido también su fianza civil de 60.471 euros ya que él "se limitó a informar y asesorar en asamblea a los trabajadores sobre las cuestiones laborales del ERE" y a negociar con la empresa cuestiones como el premio de jubilación o el porcentaje de salario garantizado.