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Un país poco democrático fiscalmente

Un país poco democrático fiscalmente

Por Jose Luis Gómez
sábado 15 de marzo de 2014, 20:47h
España necesita una reforma fiscal, pero una reforma fiscal de verdad, no solo precisa una reforma fiscal técnica, sino también económica y política. Es indudable que los expertos contratados por el Gobierno hacen aportaciones interesantes, desde el punto de vista técnico, pero ellos no son políticos ni hacen política. El Gobierno sí debe hacerla.

En buena lógica, una reforma fiscal con mayúsculas, en un momento como el actual, debería ser consensuada al menos por las dos grandes fuerzas políticas con capacidad real de alternarse en el Gobierno, ya que una reforma fiscal se supone que debe funcionar a medio plazo, más allá de los avatares de una o incluso dos legislaturas.

Pero en el caso de que el consenso no sea posible, como ya pasó, lamentablemente, con la ley de educación y también puede suceder con la ley del aborto, al menos cabe esperar que el Gobierno haga política con la reforma fiscal, empezando por establecer qué Estado del bienestar deben tener los españoles, la única forma de saber con un mínimo de rigor cuál debe ser el nivel mínimo de ingresos para hacer frente a unos gastos que, como mucho, podrán incrementarse cada año con un 3% de déficit público, si España quiere seguir en el euro y ser un país estable.

Una vez establecida esa premisa tan elemental, que es pura política -cualquier Estado grande de la Unión Europea tiene más ingresos públicos que España-, queda decidir quiénes y cómo deben pagar los impuestos necesarios, algo que también es política. Un Gobierno social se supone que debe aplicar criterios de progresividad fiscal, ya que no es lo mismo un impuesto directo que uno indirecto. Sobre esto ya sabemos un poco más en España: los ricos -los grandes emporios financieros y empresariales, junto con las grandes fortunas- duermen tranquilos, mientras que los pobres y las clases medias sudan tinta china. Otros que viven aliviados son quienes mantienen en pie la economía sumergida y, en consecuencia, el fraude fiscal a gran escala. Miles y miles de millones de euros, que no centenares.

Pues bien: nada de esto está en la reforma fiscal, que es más bien un maquillaje técnico, con ciertos criterios inspirados por organismos internacionales al servicio del neoliberalismo como el FMI o la Comisión Europea. En definitiva, una mera reordenación de los impuestos, como han hecho los expertos contratados por el Gobierno de Rajoy, no equivale a ingresar más, que es lo que precisa España para tener un buen Estado del bienestar y ser un país democrático fiscalmente hablando.
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