Jiménez Barrios afirma que la Ley de Transparencia supone un "ejercicio drástico y potente" para combatir la "desconfianza" ciudadana

El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha señalado que la ley de Transparencia Pública de Andalucía responde a la situación actual "en la que todo lo que se mueve y flota en el ambiente de la ciudadanía es la desconfianza generalizada". En este contexto, ha manifestado que se "requiere de ejercicios drásticos e iniciativas potentes para intentar combatir esta desconfianza", al tiempo que ha explicado, que esto no se puede lograr "sólo con discursos, sino con normas y con el cumplimiento de ellas". Por este motivo, ha valorado la iniciativa del Gobierno de la Junta de poner en marcha una ley como la de Transparencia, con la que la Administración "ha de dar ejemplo en primer lugar".
 
Jiménez Barrios ha inaugurado en Sevilla la 51ª Jornada Corresponsables, que organiza la editorial MediaResponsable para reflexionar sobre la confianza de la sociedad en las organizaciones empresariales. En este foro, ha defendido que ley andaluza "es pionera y más avanzada que la norma estatal" y supone "una nueva oportunidad para volver a hacer historia desde la comunidad".
 
Durante su intervención, ha repasado los principales aspectos de la ley y ha recordado "todo lo que tiene que ver con la Administración Pública tiene que estar publicado, en tiempo y forma, en los paneles informativos a través de los portales de Internet" y que la norma establece "un plazo limitado de contestación obligada a los ciudadanos de 20 días, para que cualquiera que lo desee obtenga respuesta a alguna de sus demandas de información".
 
Cambio cultural 

De esta forma, ha recordado que esta norma parte de la premisa de que "la información no es propiedad de la Administración, sino que es un derecho de los ciudadanos", lo que significa un enorme "cambio cultural".
 
Del mismo modo, ha valorado que la ley de Transparencia "no obliga sólo a la Administración de la Junta, sino al conjunto de las administraciones andaluzas, por tanto, las diputaciones, los ayuntamientos, fundaciones, consorcios, mancomunidades, todos están obligados al cumplimiento de esta ley".
 
En el mismo sentido, también ha resaltado que las relaciones entre empresa y Administración "van a ser absolutamente transparentes, ya que todo aquel que reciba fondos públicos tendrá la obligación de facilitar la información correspondiente de lo que haya sido el objeto contractual entre la empresa y la Administración".
 
En su opinión, esto significa que la ley "obliga a todo el mundo a organizar estructuras y a establecer herramientas necesarias que posibiliten esa información". "Hay que adaptar todos los mecanismos que hasta ahora han estado funcionando para adecuarlos a la nueva realidad, supone dar una nueva respuesta a una nueva situación que exige planteamientos arriesgados que necesitan de la implicación de todos", ha manifestado.
 
Proceso gradual 

Por este motivo, ha señalado que "este cambio tan fuerte de cultura obliga a un proceso gradual de puesta en funcionamiento", por eso ha valorado que "la ley se dé un año de plazo para establecer los mecanismos e instrumentos necesarios para hacer posible que esta ley sea efectiva y que no frustre las aspiraciones del cambio cultural que debe producirse en las relaciones entre el administrado y la Administración".
 
Igualmente, ha reseñado que para que la ley, "efectivamente, se lleve a la práctica, se han introducido medidas coercitivas, con un código sancionador, al que uno puede dirigirse si no encuentra satisfechas sus necesidades de información". Por este motivo, la norma contempla "los dos aspectos: un órgano que vigile el cumplimiento de la ley y un código punitivo que haga que, efectivamente, quien no responda en los términos que la ley contempla pueda ser sancionado".
 
Jiménez Barrios ha expresado su "satisfacción" por el "buen agrado" con el que "las fuerzas políticas, sindicales y empresariales han acogido la ley, aunque nos obligará a todos a un ejercicio de transparencia al que no estamos habituados y que, sin embargo, intentará romper el clima de desconfianza generalizado".
 
Finalmente, ha apuntado que, durante el trámite parlamentario, "esta ley será enmendada para bien", aunque valora que "será  difícilmente enmendable en lo sustancial" dado el buen trabajo previo "realizado por equipos de la Universidad y distintos foros nacionales e internacionales".