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Concursos empresariales catastróficos

Concursos empresariales catastróficos

Por Bernardo Rabassa
viernes 07 de marzo de 2014, 13:45h
De 2007 a 2013 han cerrado 1.517.000 empresas, entre las cuales una mía, en la que no me quedó más remedio que llegar a un acuerdo extrajudicial, si no quería llegar al riesgo de ser declarado culpable, aun siendo una S.A. y embargados mis bienes, reunidos con más de 40 años de esfuerzo y ahorro. Es más, la empresa hubo de desaparecer, porque las indemnizaciones para los trabajadores, acumuladas desde su creación en 1975, sumaban tal cantidad, que añadida las deudas y créditos, la hacían inviable para recuperarse dada la contracción creciente del mercado, que se dividió por dos en 2008 y otra vez a la mitad en 2009. Como quiera, que por ley, no tenían porque existir reservas para hacer frente a ese monto, ni póliza de aseguración que respondiera, ni tampoco había la menor intención de los trabajadores, de seguir trabajando con menos salario o con despidos que la hicieran viable, pues su intención era claramente cobrar la indemnización de la empresa o de Fogasa a la vez que pasar dos años en el paro.

40 años de I+D+i, el fondo de comercio, el know how etc todo se fue a la basura, además de que hubo que poner dinero y pagar créditos avalados personalmente, tanto para los despidos como para la masa concursal, de la que el empresario era el último en cobrar, cuando ya no quedaba un céntimo. Con su muerte, mi empresa no solo desaparecía como fuente de creación de riqueza, sino que se sumaba al millón y medio, que ha generado seis millones de parados. No me alegra ser uno más, por el contrario me desmotiva para volver a empezar, además de que, de alguna manera, se me prohibía una vez quebrado. utilizar el Know how para seguir creando riqueza.

Parece que el Gobierno se ha dado cuenta por fin, que este sistema concursal no solo no funciona, sino que no crea más que paro. Esta semana, según 5 dias: El Consejo de Ministros aprobará hoy nuevas medidas para intentar parar la destrucción de empresas. Se ampliará el margen para recomponer la situación financiera de la compañía, más garantías para que la negociación llegue a un término que contente a las partes, habrá menos concursos de acreedores y por tanto habrá más barreras para la extinción de las empresas. Estas son las líneas en las que se ha basado el Gobierno para aprobar este viernes en el Consejo de Ministros una batería de medidas, entre las que se encuentra la figura del mediador concursal, que intentará poner de acuerdo a las partes, para no llegar al concurso de acreedores.

El Gobierno de Mariano Rajoy ha puesto el foco de esta nueva reforma en los procesos de refinanciación ante unos datos demoledores. El número de empresas se ha hundido hasta las 3,15 en 2013 millones frente las 3,42 de 2007. El número de empresas que se han extinguido se situó en 2013 en 399.000, a las que hay que añadir las 377.000 de 2010 y las casi 800.000 que se perdieron entre 2008 y 2009. Además, las sociedades mercantiles disueltas alcanzan las 25.000 en 2013, con un mayor incremento desde 2007 mientras que los concursos de acreedores se mantienen en su máximo histórico, en los 10.000 este pasado año.

De hecho, sólo con la mera presentación de la comunicación de que van a iniciarse las negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación se suspendan, durante el plazo previsto para llevarlas a cabo, las ejecuciones judiciales de los bienes que resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, quien puede pedir que la negociación se mantenga en secreto sin necesidad de dar publicidad a la resolución. Según recoge el diario Cinco Días, los acuerdos alcanzados se declaran no rescindibles, sin necesidad de lograr determinadas mayorías de pasivo, constituyéndose en consecuencia, lo que el real decreto denomina un "puerto seguro", una figura que posibilita la negociación directa del deudor con uno o más acreedores siempre que sea en beneficio de una mejora patrimonial del deudor, sin que conlleve una merma para el resto de acreedores. Los expertos que han intervenido en la tertulia de Capital de Intereconomía, ven la nueva norma con cautela. Si se transforma la deuda en capital y la empresa quiebra, el banco sería el último en cobrar. Asimismo, han cargado las tintas contra la figura actual del administrador concursal: "Se forra" con el concurso de acreedores y en numerosas ocasiones o bien no tienen la "experiencia necesaria" pero se han ganado la confianza de los jueces, que actúan de buena fe. "El administrador concursal sólo va a certificar la defunción", han apuntado. Cierto

La situación de insolvencia de las empresas morosas requiere actuaciones legislativas, pero hay que implantar, un principio de responsabilidad sobre los directivos de las empresas en quiebra, por su mala gestión, además de resolver el problema de la demora judicial de los procesos, que paraliza la actividad de las empresas en concurso, empeorando su situación, mientras que los bancos pueden beneficiarse, al no tener que declarar sus créditos como morosos. Linde y el Banco de España, no dejaran a los bancos que no provean las empresas en concurso con facilidad, ya que se podría prestar, como de costumbre a la picaresca, a la vez que tampoco es justo que en comparación con las empresas que siguen, estas otras se beneficien de lo que podría haber sido una mala gestión.

Hablando de mala gestión, no conozco un solo empresario, salvo los buitres, que quieran la quiebra de su empresa, sobre todo en aquellas que son pequeñas o medianas, y dudo mucho que cara al futuro, los escarmentados millón y medio de empresarios, que han dejado la piel y sus patrimonios en la mayoría de los casos, tengan la menor intención de crear nuevas empresas, por lo que va a ser más difícil la recuperación y por tanto la creación de riqueza, además de la mala imagen y desconsideración que se tiene hacia los quebrados, cuando en los USA se considera un merito quebrar y volver a levantar la empresa como hizo por 3 veces Henry Ford. Para mayor INRI, el Ministerio de Hacienda, no considera los pagos del propio patrimonio, hacia la empresa quebrada como desgravables por pérdida patrimonial, anda ves y que te den.

De las medidas recientes hay que aplaudir la tarifa plana, pues ya en numerosas ocasiones, he dicho que habiendo un millón y medio de autónomos, bastaría esa tarifa de 100 euros, pero debería compaginarse con una menor responsabilidad en caso de fracaso, para evitar jugarse el patrimonio, y dejar que se obtuvieran beneficios sin coste de hacienda para poder ir creando nuevas empresas, que libres en tres o cuatro años pudieran crear de un a dos millones de empleos por las sinergias producidas. Asimismo

Debería ser libre el establecimiento del contrato de trabajo y la remuneración, ya que realmente, se está compitiendo con terceros países, con mano de obra mucho más barata, además de que se debe constatar nuestra pobreza sobrevenida, después de gastarnos alegremente, los dos planes Marshall con que no ha obsequiado Europa, más de un billón de euros a fondo perdido y que hemos derrochado en medio de la mayor vorágine de corrupción e ineptitud en que se desenvolvió la última etapa Zapatero (2004-2011) y que algo ha seguido, con endeudamiento en el gobierno Rajoy, que por los menos es más serio que el anterior, aunque ha heredado muchos de sus peores vicios.
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