Gracia respalda al Interventor General al considerar que "este órgano no puede valorar la labor de la Cámara de Cuentas"

El presidente del Parlamento de Andalucía, Manuel Gracia, ha respaldado este martes el escrito del Interventor General del Estado, José Carlos Alcalde Hernández, en el que rechaza la petición realizada por la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares para que ampliara su pericial a fin de "determinar la intervención que pudiera haber tenido" la Cámara de Cuentas de Andalucía en el caso y ha considerado que "este órgano no puede valorar la labor de la Cámara de Cuentas, ya que sobrepasa claramente el límite de sus funciones".

Así lo ha dicho tras recibir en el Parlamento al presidente de este órgano fiscalizador de Andalucía, Antonio López, y a varios de sus consejeros, que le han presentado la Fiscalización de la Cuenta General, Contratación Pública y Fondos de Compensación Interterritorial 2012 de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Según Gracia, "el ejercicio de la función fiscalizadora de la Cámara de Cuentas no es distinto del realizado por el Tribunal de Cuentas respeto del sector público estatal", por lo que las relaciones de este último con el resto de órganos de control externo de nuestro país, incluida la Cámara de Cuentas de Andalucía, "se rigen por los principios de cooperación y colaboración que han de presidir las actuaciones de todos los organismos públicos en el marco de un Estado compuesto, en el que, junto a unos poderes que ejercen su competencia sobre todo el territorio nacional y sobre toda la población existente en el mismo, existen otros de ámbito territorial más reducido que gozan de autonomía para la gestión de sus propios intereses y que se organizan de forma mimética a los estatales".

"No existe, por tanto, entre ellos relación de jerarquía funcional ni de ningún otro tipo, siendo sus informes declaraciones de conocimiento de quienes los aprueban basados en su pericia profesional y no en manifestaciones de voluntad", ha recalcado Gracia.

En esta línea, ha señalado que es entendible que "el Interventor General del Estado haya rechazado la petición de la juez instructora, Mercedes Alaya, de ampliar su informe pericial a la actuación de la Cámara de Cuentas de Andalucía, porque según ha declarado el propio interventor general del Estado, José Carlos Alcalde Hernández, esto sobrepasa claramente los límites del ámbito institucional de los funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado".

Además, Gracia ha recordado que "un órgano de control interno de la Administración General del Estado, integrado en la estructura orgánica del sector público Estatal, y más concretamente en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, no puede valorar, extralimitándose del ámbito competencial que le es propio, y violentando la debida lealtad institucional, la labor realizada por un órgano de control externo de carácter estatutario como es la Cámara de Cuentas de Andalucía, cuyos consejeros, que gozan de independencia e inmovilidad, se eligen entre personas de reconocida competencia profesional".

FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE ANDALUCÍA

Sobre la presentación de la Fiscalización de la Cuenta General, Contratación Pública y Fondos de Compensación Interterritorial 2012 de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el presidente del Parlamento ha dicho que con ello se da cumplimiento a la actividad fiscalizadora esencial de la Cámara de Cuentas de Andalucía, es decir, la comprobación de que la actividad económico-financiera del sector público andaluz se ha desarrollado dentro de los parámetros de legalidad, eficacia, economía y eficiencia.

"Y se hace desde un órgano residenciado en sede del Poder Legislativo, no integrado en la estructura orgánica que constituye el sector público que es objeto de control", ha apostillado.

Gracia ha trasladado a López y al resto de consejeros el reconocimiento del Parlamento al trabajo de la Cámara de Cuentas, su profesionalidad y su rigor técnico en el desempeño de sus importantes funciones. Gracia ha subrayado además la condición de órgano de extracción parlamentaria y de una institución contemplada en el Estatuto de Autonomía (Artículo 130).