Alaya abre una investigación por la extorsión a un abogado de los ERE por parte del amigo de un 'testaferro'

La juez Mercedes Alaya ha abierto nuevas diligencias previas para investigar la denuncia interpuesta ante la Guardia Civil por Carlos Leal, abogado del despacho Estudios Jurídicos Villasís imputado en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, quien ha denunciado que un amigo personal de un 'testaferro' de los ERE le intentó extorsionar al reclamarle el pago de 60.000 euros a cambio de no hacer pública una videograbación que supuestamente le incriminaba.

En una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción y acuerda abrir una nueva causa "ante la existencia de indicios de la presunta comisión de infracción penal" y a fin de "determinar la naturaleza de los hechos descritos y las personas responsables de los mismos".

En un nuevo atestado, consultado por Europa Press, la Guardia Civil relata que, el 16 de julio de 2013, Carlos Leal denunció que había recibido varias llamadas telefónicas de una persona sin identificar y de Antonio Becerril, amigo "personal" del presunto 'testaferro' Eduardo Leal del Real, en las que éste le reclamaba el pago de 60.000 euros a cambio de no hacer entrega a los medios de comunicación o al Juzgado de una videograbación.

Esta videograbación, en concreto, se refiere a la firma de dos actas de manifestación ante notario por parte del presunto 'testaferro' mediante las que el abogado imputado "intentó justificar los pagos realizados" por su despacho a Atrado Mensajería y Estudios Agenciales, actas en las que "se señalaba que los servicios prestados fueron ejecutados bajo la dirección y coordinación" del 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas.

LOS HECHOS

La Guardia Civil señala que ya tuvo conocimiento de la ejecución de este acto con anterioridad a la denuncia presentada por Carlos Leal, y expone que, tras analizar las manifestaciones de Antonio Becerril y las imágenes aportadas por éste, se puede concluir que el letrado imputado "habría prometido pagar a Eduardo Leal por llevar a cabo el citado acto el importe de 60.000 euros, si bien finalmente únicamente le habría pagado 10.000 euros, habiéndose comprometido a hacerle entrega del resto del importe en fechas posteriores, hecho que finalmente no tuvo lugar".

En su declaración ante la Guardia Civil tras ser denunciado, Antonio Becerril reconoció haber llamado en dos o tres ocasiones a Carlos Leal para solicitarle 60.000 euros para poder hacer frente al pago de la fianza impuesta a Eduardo Leal, ya que el letrado "debía esa cantidad" al presunto 'testaferro' "por la firma del documento ante notario".

Asimismo, aseguró haber utilizado como colaborador a un amigo suyo, aunque se negó a identificarlo.

Además, Becerril entregó a la Guardia Civil un dispositivo de almacenamiento de datos con dos archivos con imágenes, donde se puede observar cómo Carlos Leal le dice al presunto 'testaferro' "te voy a firmar tres cosas, una correspondiente a Atrado, otra al 2007 y otra al 2008, y que las tres vienen a ser lo mismo, que es, que lo que viene a decir es que Juan Lanzas trabajaba contigo", tras lo que le comenta que "lo que tiene que hacer es reconocer que los servicios se han prestado y que se han cobrado las facturas", dirigiéndose posteriormente a una notaría ubicada en plena Plaza Nueva de Sevilla.

Tras ello, la Fiscalía Anticorrupción solicitó a la juez Mercedes Alaya la "inmediata" incoación de nuevas diligencias previas al existir indicios de la comisión de un delito por parte de Antonio Becerril.

También interesó la declaración como testigo de éste y que, tras ello, se cite tanto a Carlos Leal como al presunto 'testaferro' para celebrar una comparecencia de medidas cautelares de naturaleza personal "por si procede la agravación de las medidas ya acordadas".