El Supremo condena a Écija a devolver 465.759 euros por no rehabilitar un palacio

El Tribunal Supremo ha condenado al Ayuntamiento de Écija (Sevilla) a devolver a la Junta de Andalucía 465.759 euros que le concedió para acondicionar el Palacio de Peñaflor para hotel de cinco estrellas y que seguía, cuatro años después, "en estado de abandono".

El Supremo, en una sentencia a la que ha tenido acceso Efe, confirma la reclamación de la Consejería de Turismo y condena al Ayuntamiento a devolver los 360.607 euros a que ascendió la subvención y otros 105.152 euros de intereses de demora.

Según el Tribunal Supremo, la finalidad de la subvención era "la puesta en valor de unos bienes, que no se ha llevado a cabo" pues personal de la Intervención General de la Consejería de Turismo inspeccionó en noviembre de 2006 el lugar y constató su "estado de abandono", reflejo "claro e inequívoco de que la subvención no había cumplido su finalidad".

El Palacio de los marqueses de Peñaflor, del siglo XVIII y declarado Bien de Interés Cultural (BIC), recibió en octubre de 2002, con cargo a las subvenciones en materia de infraestructura turística, unas ayudas a un proyecto de rehabilitación que, según la resolución, debía estar ejecutado en su totalidad el 2 de enero de 2004.

El Supremo rechaza el recurso del Ayuntamiento y dice que "es indiferente que haya obrado de buena fe y que la no puesta en funcionamiento del hotel no le sea imputable", y añade que el hecho de que el Consistorio haya justificado ciertos gastos "no supone, por sí, que se haya cumplido el fin para el que la subvención se concedió".

"La rehabilitación parcial no puede justificar el buen uso de la subvención cuando ésta tenía por objeto, precisamente, la puesta en valor de un bien. Fin que, no se discute, no se ha producido por la notoria insuficiencia de la rehabilitación llevada a cabo", según la sentencia.

En ningún momento -añade el Supremo- "se dijo que la restauración y rehabilitación para destinar el palacio a hotel se refiriera tan solo a una fase inicial de un proyecto más amplio" o que las obras realmente ejecutadas "fueran un mero comienzo".

Al desestimar todos los argumentos del Ayuntamiento, el Supremo le condena a pagar las costas del recurso de casación, con un máximo de 4.000 euros.