La Fiscalía de Jaén abre diligencias por el conflicto entre Junta y Ayuntamiento de Jaén por la dependencia

La Fiscalía de Jaén ha abierto de oficio diligencias informativas para "conocer lo que está ocurriendo" en relación a la prestación del servicio de la dependencia en la capital a raíz del conflicto iniciado entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento una vez que el equipo de gobierno de José Enrique Fernández de Moya (PP) ha decidido denunciar el convenio con la Administración regional en esa materia.

El fiscal jefe de Jaén, Carlos Rueda, ha indicado a Europa Press que el asunto, del que han informado distintos medios, está en manos de Cristóbal Fábregas, fiscal delegado de Extranjería, que también se ocupa de asuntos de discapacidad y dependencia, y el objetivo de dichas diligencias, abiertas a iniciativa de la Fiscalía, es "conocer lo que está ocurriendo" en esta cuestión.

En concreto, la Fiscalía ha abierto las diligencias a raíz de la reunión que la pasada semana mantuvieron la consejera andaluza de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, y el alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, tras la cual el regidor confirmó la decisión municipal de renunciar a la prestación de dicho servicio por la "deuda" que acumula la Junta con el Consistorio en pagos para mantener el mismo.

De esta manera, en el marco de estas diligencias, desde el Ministerio Público se intentará recabar en próximas fechas información al respecto de lo que está ocurriendo "tanto entre la Junta de Andalucía, como entre el Ayuntamiento y la empresa que presta el servicio", que en el caso de Jaén es Multiservicios Jabalcuz, según ha apuntado la misma fuente.

"Las diligencias no van dirigidas contra nadie", ha querido aclarar el fiscal jefe, que además ha señalado que el órgano al que representa "no tiene competencias para obligar a nadie a prestar el servicio", si bien ha apuntado que "en el caso de que ocurra algo como consecuencia de la no prestación del servicio, la Fiscalía sí tendrá que actuar".

En ese sentido, Rueda ha puesto como ejemplos posibles perjuicios que puedan sufrir personas que hasta ahora se benefician de la ayuda a domicilio si a raíz de este conflicto dejan de recibir dicho servicio. "Entonces sí habría que actuar", ha insistido el fiscal jefe.