Condenado a cárcel un trabajador de la Junta por echar gasolina a su coche con dinero público

La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a cuatro meses de cárcel a un trabajador del Instituto de Investigación y Formación Agraria, Pesquera y de Producción Ecológica (Ifapa) de la Junta de Andalucía que utilizó las tarjetas de repostaje asignadas a los vehículos oficiales para echar hasta 140 euros en gasolina a su coche particular.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia Provincial considera probado que el acusado, J.A.M., tiene la condición de personal laboral al servicio de la Junta, estando destinado durante el año 2011 en el Centro Las Torres-Tomegil de Alcalá del Río, perteneciente al Ifapa.

Entre sus funciones como jefe de los servicios técnicos y de mantenimiento en dicho centro, el imputado tenía encomendada la distribución de los vehículos oficiales al personal del Ifapa, así como la custodia de las tarjetas de repostaje asignadas a cada uno de ellos por sus respectivas matrículas para el pago del combustible preciso por parte del funcionario al que se adjudicase en cada ocasión un coche oficial concreto.

"Aprovechando tales circunstancias", y hasta en cuatro ocasiones entre enero y febrero de 2011, el procesado repostó gasolina en su vehículo particular por un importe total de 140 euros que abonó con las tarjetas de repostaje mencionadas, que estaban asignadas a cuatro vehículos oficiales del Ifapa.

Con anterioridad al comienzo del procedimiento judicial, el acusado reintegró a la Administración autonómica los 140 euros que había repostado de manera indebida, habiendo reconocido los hechos con motivo del expediente disciplinario que se le incoó al efecto.

Estos hechos iban a ser enjuiciados por un jurado popular, pero finalmente la vista oral no llegó a celebrarse después de que el acusado mostrara su conformidad con la pena solicitada por la Fiscalía.

Por estos hechos, la Audiencia condena al imputado a cuatro meses de prisión, dos meses de suspensión de empleo o cargo público y el pago de una multa de 240 euros por un delito de malversación de caudales públicos con las atenuantes de confesión y reparación del daño.