Sánchez Gordillo y Cañamero se niegan a asistir al juicio por la ocupación de Las Turquillas y niegan los delitos

El parlamentario andaluz de IU y alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, el secretario general del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, se han negado este lunes a asistir al juicio que se ha celebrado en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por la ocupación en el verano de 2012 de la finca 'Las Turquillas' en Osuna (Sevilla), donde se ubica la Yeguada Militar del ejército, pero, a su llegada, han negado los delitos que les atribuye tanto la Fiscalía Superior como la Abogacía del Estado.

Así, se han quedado en Plaza Nueva, a la entrada del Alto Tribunal andaluz, con varios centenares de simpatizantes y militantes del SAT, donde han incidido en el carácter "político" de la vista. Cañamero ha indicado que, tal y como lo permite la ley, no se presentarían ante el tribunal como modo de "protesta" a la representación que, según asegura, sufre el sindicato, del que ha defendido su movilización "pacífica".

"No es un juicio contra una actuación ilegal, es una actuación política del Gobierno contra el movimiento sindical y social más consecuente", ha señalado el sindicalista, para quien el Ejecutivo del PP "quiere anular los movimientos sociales que critican su política".

Minutos más tarde ha llegado a Plaza Nueva, también arropado por simpatizantes del SAT, Sánchez Gordillo, que ha vuelto a reiterar que las personas que ocuparon la finca se marcharon "sin resistencia" y de forma "pacífica", y que no llegaron a traspasar los límites de acceso a la zona militar. En su opinión, el juicio contra él, Cañamero y otros 52 procesados es un juicio "político", ya que en el "fondo" hay una "consigna de los fiscales de represión a un sindicato que no se calla y que es rebelde".

Quienes sí han comparecido han sido tres de los 54 procesados, que han declarado mientras en la sala, presidida por Lorenzo del Río, máximo responsable del TSJA, se escuchaban las consignas que los militantes del SAT hacían desde el exterior, megáfono en mano. Han coincidido en defender el carácter pacífico de su reivindicación, y han negado que se causaran daños a la finca.

El primero de ellos, actualmente concejal en el Ayuntamiento de Osuna, José R.N., ha admitido que no tenían autorización para ocupar la finca, pero ha negado que forzaran candados para acceder a ella o que causaran daño alguno. Asimismo, ha incidido en que esa misma finca ya la habían ocupado en años anteriores, desde 2001, y que siempre esa protesta, para reclamar su uso agrícola, se ha desarrollado sin incidentes. De hecho, ha negado que se causara un riesgo para el ganado caballar de la finca, o para la seguridad del acuartelamiento.

La segunda en declarar, Libertad S.M., se ha negado a responder a las preguntas de la Fiscalía Superior y a la Abogacía del Estado, pero en respuesta a su abogado ha incidido en que sólo llegó a la finca un día antes de su desalojo, el 8 de agosto de 2012, y que desconoce si Sánchez Gordillo estaba allí.

El tercero en comparecer, cuya declaración ha sido más prolongada, ha sostenido que no sólo no causaron daños durante la ocupación, sino que mejoraron la finca, podando incluso algunos olivos de la misma. "Si es del Estado, es de todos", ha mantenido el inculpado, José Antonio M.M., quien además ha señalado que los que se presentaron en la finca, que "iban y venían", no son personas "de tener enfrentamientos con las Fuerzas de Seguridad" y ha mantenido su relación "cordial" con los militares. "Creemos en la titularidad social de las tierras", ha defendido el acusado, quien ha resaltado que otras fincas aledañas dan mucho más trabajo que Las Turquillas.

"Lo único que pretendíamos conseguir es dar trabajo en una comarca con un 40 por ciento de paro", ha afirmado, indicando que Las Turquillas podría generar 50.000 jornales al año. Sobre la presencia de Sánchez Gordillo ha dicho que él "iba y venía" y, por otra parte, ha asegurado que recogieron "hasta la última colilla" cuando decidieron en asamblea atender a la orden llevada a la finca por la Guardia Civil para el desalojo. También ha explicado que la intención era ocupar la finca durante el menor tiempo posible, a la espera de que se llegara a un acuerdo con el Ministerio de Defensa.

Tras la comparecencia de estos tres únicos acusados, el tribunal ha visionado un vídeo sin sonido de la ocupación, en el que Sánchez Gordillo aparece en varias ocasiones, dándose así por finalizada la sesión. Continuará este martes, con la declaración de un total de seis testigos, cuatro de ellos propuestos por la Fiscalía y dos por las defensas, y la lectura de las conclusiones y los informes, con lo que el juicio quedará previsiblemente visto para sentencia.

La Fiscalía Superior de Andalucía solicita para Juan Manuel Sánchez Gordillo, Diego Cañamero y otro dos acusados en este procedimiento, ambos militantes del SAT, un total de siete meses de prisión por un delito de desobediencia grave.

Asimismo, el Ministerio Público pide para Sánchez Gordillo, Cañamero y el resto de los acusados --un total de 52 entre militantes y simpatizantes del SAT-- el pago de una multa de 1.200 euros por un delito de usurpación de inmueble, y 100 euros de multa por una falta de daños.

Igualmente, pide que todos los imputados paguen una indemnización de 1.075,64 euros a favor del Ministerio de Defensa y de 337 euros al Ayuntamiento de Osuna por los daños ocasionados, "sin una intención directa, a consecuencia de la ocupación", que tuvo lugar entre el 24 de julio y el 9 de agosto de 2012.

La petición del fiscal se conoció después de que el Alto Tribunal andaluz emitiera un auto el pasado mes de mayo en el que procesaba por tres presuntos delitos de usurpación, daños y desobediencia y una falta de hurto a los acusados, cifrando los daños causados en 794,14 euros y en 281,50 euros el valor de los objetos sustraídos.

El magistrado instructor relataba en ese auto que fue el 23 de julio de 2012 cuando se recibió la información de que el SAT había decidido ocupar Las Turquillas. Así, sobre las 10,00 horas del 24 de julio de 2012 se concentraron en las inmediaciones de la finca unas 500 personas encabezadas por una pancarta con el lema 'Andaluces levantaos. Pedid tierra y libertad. ¡Movilízate!. Las Turquillas para los trabajadores', con banderas de Andalucía con el anagrama del SAT.

Los manifestantes se dirigieron desde allí hasta la portada lateral de la finca, "rompiendo con un hierro el candado y la cadena" que cerraba las dos hojas metálicas, de malla, de la puerta de entrada al camino, "fracturando igualmente" el bastidor de la misma y accediendo seguidamente a la finca todos los concentrados, "a cuyo frente" figuraban Sánchez Gordillo, Cañamero y otros dos militantes del SAT.

Fue el 7 de agosto de 2012 cuando el Juzgado de Instrucción número 1 de Osuna ordenó el "inmediato" desalojo de Las Turquillas, lo que fue notificado personalmente a los imputados por el capitán de la Guardia Civil al día siguiente, pero los mismos se negaron y le dijeron que "no abandonarían el recinto si no era a través del empleo de la fuerza". Finalmente, el desalojo se produjo sin incidentes el 9 de agosto.