Para el PP-A el auto de la Audiencia sobre Álvarez es "una prueba evidente" de se cumplen las garantías judiciales

El Partido Popular de Andalucía considera que el auto de la Audiencia Provincial de Sevilla en el que revoca parcialmente la imputación de la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez por parte de la juez que investiga los casos de expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos de la Junta es "una prueba evidente" de se están cumpliendo todas las garantías judiciales en este procedimiento "tan complicado".

Así ha valorado la decisión de la Audiencia la portavoz de Empleo del PP-A en el Parlamento, Teresa Ruiz Sillero, quien en rueda de prensa ha resaltado que "el procedimiento judicial está cumpliendo con toda la normativa al respecto".

En este sentido, ha señalado que "ahora quien tiene que contestar a las cuestiones planteadas por la Audiencia es la juez Mercedes Alaya", al tiempo que ha subrayado que el PP-A no hace valoraciones sobre resoluciones judiciales "en el más absoluto respeto".

Igualmente, Ruiz Sillero ha afirmado que quien tiene que dirimir "la disyuntiva" de elevar el caso al Tribunal Supremo o al órgano judicial que corresponda por el aforamiento de posibles implicados es Alaya, que tendrá que analizar si la fase de instrucción ha acabado o hay "todavía muchísimo más que descubrir", porque, según ha recordado, "hace escasas fechas nos hemos enterado de bastantes cuestiones que hasta ahora permanecían ocultas".

"La juez tomará la medida y el PP como no podía ser de otro modo respetará", ha manifestado.

Cuestionada por la petición del portavoz popular en la Diputación provincial de Sevilla, Eloy Carmona, de cese de la exalcaldesa de Villanueva del Río y Minas María José Cervantes como directora del área de Cohesión Social e Igualdad, después de que Cervantes haya sido nuevamente señalada en la investigación relativa a la posible administración fraudulenta de la presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, Teresa Ruiz ha señalado que es Susana Díaz como secretaria general del PSOE de Sevilla, formación que tiene "el mayor número de imputados en el caso ERE", la que tiene que responder "por sus militantes y altos cargos".