Así lo avanzaron tanto el presidente de la Comunidad Autónoma,
José María Barreda, como los portavoces del Grupo Parlamentario Popular,
Ana Guarinos, y Socialista,
José Molina, quienes aplaudieron el consenso con el que se ha alcanzado la reforma y agradecieron la participación de la sociedad regional en su consecución.
Barreda recordó que dos de los aspectos más relevantes del texto se refieren a financiación, aspecto en el que el texto se dedica a hacer "las previsiones necesarias", y agua, donde reiteró la necesidad de que la región "cuente" en los órganos de gestión, y la de poner fecha de caducidad, tal y como hace el Estatuto, al trasvase Tajo-Segura.
"Hay planteamientos que no se sostienen" como el del agua, incidió el responsable autonómico, quien reclamó nuevamente la "prioridad" de Castilla-La Mancha en esta política. "No caigamos en la trampa de ignorar que ahora ya los ríos están blindados, con las concesiones hechas aguas abajo", lo que impide --añadió-- "que nosotros tengamos concesiones sobre esos ríos en las cantidades que necesitamos".
Tras repasar algunas de las "apuestas" del Estatuto, resaltó la responsabilidad compartida en la nueva cultura del agua del nuevo Estatuto que, a su juicio, "nos ha dado más fuerza y posibilidades para incluir lo que se ha incluido". Así, subrayó la importancia de un texto que defiende la necesidad de "liberar a los ríos de las ataduras que se quieren mantener por parte de otros".
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