La juez del caso ERE pide a la Junta que aclare si ha usado el 'fondo de reptiles' en otras consejerías

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas en expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos, ha requerido a la Junta de Andalucía para que "informe si las ayudas a empresas mediante transferencia de financiación a través" del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) se han realizado, además de en la Consejería de Empleo, "en otras consejerías; a saber, Innovación, Ciencia y Empresa, Agricultura y Pesca o Turismo".

La juez instructora indaga esta posible trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos y su relación con el acuerdo rubricado, en 2001, entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo IFA, al objeto de librar 647.869.157,45 euros durante los últimos años en concepto de ayudas a la reestructuración de empresas en crisis. Y es que con la citada fórmula, según la investigación, el IFA actuaba como institución pagadora de las subvenciones y los libramientos de ayudas habrían eludido la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.

En un auto de 44 páginas notificado este viernes, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Alaya requiere, además, a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo de la Junta para que aclare numerosos puntos sobre la documentación remitida en relación con el ERE de la empresa González Byass, mientras que también acuerda librar oficio a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "a fin de que inicie una nueva línea de investigación" sobre las empresas vinculadas a José Enrique Rosendo Ríos, hijo del exalcalde de El Pedroso Rafael Rosendo, y "a su entonces persona de confianza" José María Sayago Lozano.

La juez asevera que el importe total de las ayudas recibidas a una serie de empresas vinculadas al hijo del exprimer edil "y su persona de confianza" asciende a 13.757.483 euros, "dándose la curiosa circunstancia de que los pagos se realizan habitualmente con repetición de las mismas fechas", y asevera que "la concentración en las mismas personas y en el mismo grupo empresarial de un número tan importante de ayudas públicas, realizadas a través de las transferencias de financiación, lo que implica la ausencia de procedimiento, de control del gasto y del destino de las cantidades aplicadas, obliga necesariamente a investigar" determinados extremos sobre estas empresas.