En este sentido, reiteró que "
el objetivo prioritario del Gobierno en todo momento era traer a los secuestrados sanos y salvos". "
Objetivo conseguido", añadió, después de manifestar la satisfacción del Ejecutivo por que los trece pescadores "
estén ya al fin en casa".
De la Vega remitió a la comparecencia parlamentaria que, "
en su momento", realizarán el ministro de Asuntos Exteriores,
Miguel Ángel Moratinos, y la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
Elena Espinosa, quienes "
facilitarán todas las explicaciones" al respecto.
Por otro lado, la vicepresidenta dijo que, ahora que "
las vidas de los marineros están a salvo", el Gobierno está "
trabajando en varios frentes para poner en marcha planes, acciones conjuntas multinacionales que aporten seguridad en las distintas rutas marítimas".
Asimismo, indicó que se está "
estudiando la legislación nacional y europea para, si es necesario, modificar normas, en el ámbito europeo y de Naciones Unidas, que permitan ser más eficaces en la lucha, (...)
a nivel internacional, contra la criminalidad organizada y contra la piratería".
En su opinión, "
hay una posición mundial de rechazo a este tipo de crímenes" y "
la comunidad internacional está dispuesta a hacer todos los esfuerzos para tratar de evitar" que se produzcan.
Ayer mismo, el secretario de Estado para Asuntos Europeos,
Diego López Garrido, celebró "
el consenso total" que ha recabado la propuesta española por parte de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE para, entre otros asuntos, reflexionar sobre "
las medidas necesarias" para luchar contra la piratería en alta mar, especialmente cerca de la costa somalí, por el "
agravamiento de los ataques" a barcos de distintas nacionalidades comunitarias recientemente.
Además, la ONU acogerá el próximo viernes una nueva reunión para "
perfilar" la iniciativa presentada por España para crear un sistema de patrullas que disuadan y combatan los actos de piratería en el Océano Indico.
El contrato a inmigrantes "suena a otros tiempos"
"
En España el cumplimento de la ley no es negociable y por tanto no puede ser objeto de un contrato", advirtió De la Vega. Así, en referencia al citado contrato, recalcó que "
en España hay derechos no adhesiones", una cuestión que, a su modo de ver, "
suena a otros tiempos", "
máxime cuando son inquebrantables".
De este modo, la vicepresidenta insistió en que "la ley y la Constitución valen para todos los ciudadanos, los inmigrantes y todas las instituciones, ya sean de ámbito nacional, autonómico o local". "La ley es igual para todos y las normas de convivencia están contenidas en la ley, en el marco constitucional y en el ordenamiento jurídico", insistió.
Dicho esto, manifestó que la política de Inmigración del Gobierno pasa por ordenar los flujos y, mediante las leyes, garantizar la integración de aquellas personas que "
llegan a trabajar a España". "
La justicia exige el cumplimento de la ley para todo el mundo. Es así de sencillo", recalcó.
Por todo ello, la vicepresidenta del Gobierno considera que
el contrato de integración propuesto por la Generalitat de Valencia "debe tener distintas interpretaciones y distinta intencionalidad", empezando por "querer burlar la voluntad de los ciudadanos que rechazaron mayoritariamente esta iniciativa en las urnas".
De la Vega recordó que esta propuesta fue incluida por el PP en su programa electoral y advirtió a los responsables del PP "que tengan visiones distintas de España y quieran imponer o establecer modelos distintos", que expliquen su opción.
Sobre Zaplana
De la Vega, deseó "
lo mejor" al ex portavoz del PP en el Congreso de los Diputados,
Eduardo Zaplana, en su nueva etapa profesional en Telefónica. En concreto, la vicepresidenta fue pregunta por si el Gobierno entiende que es un caso de conexión entre política y empresa que no favorece a la imagen de la primera, como han denuncia algunos partidos. De la Vega respondió que no tiene "
constancia concreta" del asunto y que tampoco opina sobre "
actuaciones personales". "
Le deseo lo mejor", zanjó.
Si (
No(
