Con esta iniciativa, según fuentes populares, se trata de situar al vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ante "su responsabilidad" en el esclarecimiento de unos hechos que "sistemáticamente ha tratado de eludir en sus distintas comparecencias en la Cámara Baja".
El Grupo Popular, a través de su diputado, Ignacio Gil Lázaro, viene planteando desde hace más de un año, en todas las sesiones de control al Ejecutivo, distintas preguntas en relación a este asunto.
En opinión de los populares, esta batería de preguntas pretende cubrir el "clamoroso vacío" dejado por el ministro del Interior ante el hecho de que nunca abrió una investigación interna en el seno de su ministerio para determinar quién, cómo, por qué y quién ordenó dar el chivatazo.
El Grupo Popular ha sostenido siempre la tesis de que "es impensable que el ex director general de la Policía, el Jefe Superior de Policía del País Vasco y un agente –personas que en la actualidad permanecen imputadas por este asunto- urdieran por su cuenta y riesgo ese chivatazo sin recibir para ello instrucciones superiores".
El conjunto de esas 270 preguntas escritas configuran la base de la investigación que el vicepresidente primero y ministro del Interior "debería haber ordenado para esclarecer ante la sociedad española un escándalo que supuso una traición al Estado de Derecho, a las víctimas del terrorismo y al esfuerzo admirable de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que desde hace muchos años se juegan la vida en su lucha contra los terroristas", según afirman las citadas fuentes del Grupo Popular.
Los populares consideran que no puede quedar impune el que personas de la máxima relevancia en el ministerio del Interior urdieran el chivatazo para evitar que terroristas fueran detenidos en el momento concreto en que el operativo judicial y político estaba dispuesto: "La fecha en que se produjo ese chivatazo hace pensar que el mismo se dio por concretos intereses políticos del Gobierno en el marco del entonces mal llamado 'Proceso de Paz'".
Conforme a lo establecido en el artículo 190 del Reglamento del Congreso, la Cámara Baja deberá contestar a estas preguntas dentro de los veinte días siguientes al de su publicación, pudiendo prorrogarse ese plazo a petición motivada del Gobierno y por acuerdo de la Mesa del Congreso por otro de hasta veinte días más.
VEA EL LISTADO COMPLETO DE PREGUNTAS AL MINISTRO DEL INTERIOR
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