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Las autoridades mexicanas confirmaron hoy que fueron identificadas ya 31 de las 72 víctimas de la matanza de inmigrantes indocumentados, que ha causado conmoción y pesar, pero también un cúmulo de críticas a la política migratoria del país.
Hasta ahora se sabe que entre los asesinados en un rancho del estado de Tamaulipas hay catorce hondureños, doce salvadoreños, cuatro guatemaltecos y un brasileño.
Los especialistas de las Fiscalías federal y del estado de Tamaulipas tienen aun por delante la tarea de identificar 41 cadáveres que se encuentran en instalaciones forenses de Reynosa (norte de México).
Fuentes de la Cancillería mexicana dijeron a Efe que en este momento "hay contacto permanente y coordinación continua" con el personal diplomático de los países involucrados para tratar de atender sus necesidades.
Para esta tarde está previsto que el primer enviado desde el exterior a México para tratar el asunto, el vicecanciller hondureño Alden Rivera, ofrezca una rueda de prensa donde fijará la postura de su Gobierno, que ya ayer exhortó a "las autoridades mexicanas realizar su mayor esfuerzo para frenar los abusos, extorsiones y violaciones de que son objeto los emigrantes centroamericanos en su periplo hacia Estados Unidos".
Conforme pasan los días desde que el pasado martes se conoció la trágica suerte de los 72 inmigrantes, gracias a las informaciones del único sobreviviente del grupo, un ecuatoriano de 18 años, la masacre cobra una mayor relevancia internacional y las críticas a la política migratoria de México se acumulan, vertidas sobre todo desde la sociedad civil de este país.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, expresó desde Washington su "enérgica condena" por la masacre de inmigrantes indocumentados en México, y reiteró la necesidad de coordinar la lucha conjunta contra el crimen trasnacional.
"Estoy profundamente impactada por estos asesinatos, que prueban la crítica situación de los inmigrantes en ese país", dijo por su parte la sudafricana Navi Pillay, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH).
El presidente de México, Felipe Calderón, recordó este viernes que el crimen organizado se ha convertido "no sólo en la principal amenaza de la paz, la seguridad y la libertad", sino también "en el mayor riesgo" para el "desarrollo y para la estabilidad democrática del país".
Durante la clausura del Diálogo por la Seguridad, un foro en el que se ha analizado la necesidad de forjar una política de Estado contra el crimen organizado, el mandatario recordó que la matanza descubierta de Tamaulipas muestra "el grado de violencia y de barbarie con el que actúan los criminales".
"Hoy los hechos han sacudido verdaderamente la conciencia nacional e internacional. Nos hablan, sí, del tamaño del reto y del desafío que tenemos enfrente, pero también nos hablan de la urgencia de trabajar unidos, entre órdenes de Gobierno, entre poderes públicos, pero también entre sociedad y Gobierno", añadió.
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los derechos para Todos y Todas" (TDT), sostuvo que México carece de "una perspectiva de derechos humanos" en materia migratoria y de seguridad, y denunció que particularmente las mujeres son quienes más sufren indefensión.
En una rueda de prensa con corresponsales extranjeros Cecilia Romero, comisionada del Instituto Nacional de Migración (INM), aceptó que el marco normativo actual en México "está rebasado".
"Necesitamos actualizar la legislación migratoria a efectos de modernizarla, de ponerla a la altura del siglo XXI", admitió.
En medio de esta situación en Tamaulipas, donde se localiza San Fernando, el municipio donde fueron encontrados los 72 cadáveres, dos vehículos con explosivos estallaron la madrugada de hoy en Ciudad Victoria, la capital, uno en la sede del canal Televisa, y otro ante las oficinas de la policía de Tránsito.
"En ambos casos solo se registraron daños materiales y no se reportaron personas lesionadas", indicó la fiscalía estatal en un boletín.
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