Pretexto y contradicción

“Aprobar una ley que elimine la ciudadanía automática al nacer ayudaría a disuadir la inmigración ilegal y reduciría el agobio al contribuyente de pagar por la educación, la salud y otros beneficios del Gobierno para inmigrantes ilegales”. Estas son palabras del congresista republicano de Texas Lamar Smith, a quien le preocupa, o se hace eco, del tema de la ciudadanía de los hijos de los indocumentados, y se ha permitido abrir un nuevo frente de batalla entre opositores y defensores de la permanencia de los latinos en los Estados Unidos.

Un estudio del  Centro Hispano Pew, de Washington, estima en no menos de cuatro millones el número de hijos de padres ilegales que poseen la nacionalidad; de ellos, 340.000 nacieron en  2008. La Oficina de Estadísticas del Departamento de Seguridad Interna (DHS) determina que  en EE.UU. hay 10,8 millones de indocumentados.



El debate sobre la iniciativa del senador Smith analiza la posibilidad de modificar la decimocuarta enmienda constitucional, adoptada en 1868, que dice resumidamente: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de Estados Unidos y del estado en que residen”. Sin embargo, el congresista cree que la intención era garantizar la ciudadanía a esclavos que habían sido emancipados, y no la de proteger a hijos de extranjeros. 



Según él, América es una de las pocas naciones que automáticamente concede ciudadanía, “el más alto honor”, para los hijos de inmigrantes ilegales. 



Ante esta reflexión, que está incomodando a los defensores de los derechos civiles, firmes defensores del estatus logrado por miles de personas que persiguen el sueño americano, se suma un argumento pernicioso para encontrar una rápida salida: negar la ciudadanía sin tocar la enmienda, apelando a una medida legislativa. Pero para hacerlo se requiere el apoyo de dos terceras partes en ambas cámaras y la ratificación de tres cuartas partes de los 50 estados de la Unión.

La propuesta, por el momento, tiene una bandera de lucha matizada con inconfundibles matices políticos, en un año electoral que utilizará la inmigración ilegal y la seguridad fronteriza como temas de campaña.