Un llamado a la reflexión

La solicitud del Presidente de la República para que la Asamblea le conceda la amnistía al ex vicepresidente Alberto Dahik Garzozi, quien mantiene en su contra una orden de prisión emitida en 1995 por el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Solórzano Constantine, por presunta malversación de fondos durante el gobierno de Sixto Durán-Ballén, es un llamado a la conciencia del país para cerrar un capítulo de persecuciones  contra personas que, en su momento, incomodaron al poder.



Esta invocación también va dirigida al titular de la legislatura, Fernando Cordero, y está amparada en el artículo 120, numeral 13, de la Constitución, en el que se determinan las atribuciones del organismo para conceder amnistías por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios.



Esta exhortación  viene luego de un profundo análisis del Jefe de Estado sobre las injusticias del pasado, más aún si  está en sus manos  poner fin a quince años de persecución política.



Este gesto noble, propio de un gobernante justo, ha dejado al margen las notables diferencias ideológicas con el economista Dahik, para pedir que se revise su caso y proponer la restauración de la memoria histórica del Ecuador sobre la base del perdón y el reconocimiento de los excesos de ida y vuelta.

No se trata de borrón y cuenta nueva; se trata de empezar a pulir la piedra angular sobre la que se construyen las grandes iglesias que buscan el reencuentro de quienes vienen luchando por el reconocimiento de sus derechos y la vigencia de una ley que tenga la virtud de  amparar a todos.

El costo puede ser alto, pero el presidente Rafael Correa sabe que con  la reconciliación podrá conducir al  país por la única ruta que lleva del presente hacia el futuro, mientras se va sepultando un pasado cuyos restos, muy pocos en realidad, aún yacen a flor de tierra.