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Contra 95 personas

El juicio por el caso 'Malaya' comenzará el 27 de septiembre

El Tribunal encargado de enjuiciar el caso 'Malaya' ha acordado abrir juicio oral contra 95 personas por su supuesta vinculación con la presunta corrupción municipal en la localidad malagueña de Marbella y fija inicialmente como fecha de inicio de las sesiones el día 27 de septiembre de este año, con el examen de las posibles cuestiones previas.

   En una resolución de la Sala, a la que tuvo acceso Europa Press, se confirma el auto de conclusión de sumario dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Óscar Pérez, al entender el Tribunal que "existen indicios (que no pruebas) suficientes" para ello, sin perjuicio de lo que "pueda llegar a acreditarse" sobre los hechos imputados y la participación de cada procesado.

   Así, se acuerda sólo el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a uno de los procesados, en concreto un policía local marbellí, tras pedirlo la Fiscalía Anticorrupción. También se acuerda la extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento de tres imputados, el ex edil Victoriano Rodríguez, el constructor Emilio Rodríguez y otro.

   En cuanto a las personas contra las que se abre juicio oral, tras instarlo el fiscal, están, según el auto, el presunto cerebro de la supuesta trama, Juan Antonio Roca; los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe; 16 ex ediles, como Pedro Román, Isabel García Marcos y Tomás Reñones; el que fuera secretario del Ayuntamiento Leopoldo Barrantes y el ex jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo.

   También se incluyen, entre otros, la mujer y la hija de Roca, presuntos testaferros de éste, como Montserrat Corulla; los abogados del despacho Sánchez Zubizarreta Soriano Pastor, constructores, entre ellos, Carlos Sánchez, José Ávila Rojas, Tomás Olivo, Rafael Gómez y Fidel San Román, los responsables de Aifos Jesús Ruiz Casado y Jenaro Briales; y la hija de Román.

   Respecto a la fecha del juicio, en la resolución, notificada hoy a las partes, se precisa que el elevado número de letrados "obliga a la Sala a ser previsora y anunciar con la debida antelación la fecha de señalamiento" para que los abogados "no tengan cubiertas sus agendas con otros señalamientos" y evitar, así, la existencia de otros compromisos anteriores.

   El auto indica que "se tendrán que compatibilizar" distintos juicios, ya que en esa fecha es posible que sigan 'Ballena Blanca' y 'Minutas', con el que coinciden algunos procesados; pero se apunta que se procurará que se dé prioridad al caso 'Malaya', por "exceder con mucho en complejidad" a los otros. No obstante, se dice que la fecha queda sometida a "posibles incidentes procesales" y se podrá modificar.

   También se aprueba la declaración de rebeldía, pedida asimismo por el ministerio público, del que fuera edil del Partido Andalucista Carlos Fernández, del también ex concejal Javier Lendínez y del empresario Carlos Llorca; así como deducir testimonios de varios asuntos planteados por el fiscal, tras recibir nuevos informes, para que se investiguen en procedimientos separados.

OTROS PROCEDIMIENTOS

   En este sentido, la Sala recuerda que numerosas defensas han denunciado el carácter "mastodóntico" de este macroproceso, por lo que "atendiendo a criterios de necesidad y proporcionalidad no pueden tener cabida ni hechos nuevos por sí mismo o derivados de otros anteriores, ni nuevos procesados", acordándose investigar por separado otros nuevos hechos.

   Según el escrito presentado por el ministerio fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, se investigarán en nuevos procedimientos hechos extraídos de informes policiales relacionados con el blanqueo de capitales y actuaciones urbanísticas presuntamente ilegales, en los que aparecen procesados en el caso 'Malaya' y nuevos investigados.

   En el auto del Tribunal de este caso se acuerda también la práctica de determinadas diligencias de prueba, solicitadas por el fiscal, en concreto recabar los antecedentes penales de los procesados y las certificaciones sobre los integrantes en ocho juntas de gobierno local del Ayuntamiento de Marbella celebradas entre abril de 2004 y marzo de 2006.

   La Sala da un plazo común de 30 días para las acusaciones, tanto públicas como privadas, como el Ayuntamiento marbellí, la Junta de Andalucía o la Abogacía del Estado, para que presenten el escrito de conclusiones provisionales. Tras esto, se dará otro plazo similar para las defensas.

 

 

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