El paquete de reformas que afecta a las pequeñas y medianas empresas en dificultades son:
- El Ejecutivo ha decidido prorrogar un año más, para el presente ejercicio, la suspensión de la obligación de las empresas de ampliar o reducir capital o disolverse cuando los fondos propios caigan por debajo de la mitad del capital social. Es decir, que las pymes, y en especial las inmobiliarias, podrán seguir eludiendo la reducción del capital social o la disolución.
- La ampliación "del límite máximo del coste de materiales hasta el 30% del precio" total de las "obras de mejora de vivienda", a las que además se les reducirá el IVA en todos los casos. En el documento inicial sólo estaba previsto para rehabilitación. Además, para inmobiliarias y bancos, se mantiene este año la posibilidad de no actualizar en las cuentas el valor del suelo urbanizable. Con ello, se frena la depreciación del suelo urbanizable, según se establecía en la Ley del Suelo, evitando que se valore como rural; lo que permitirá a las entidades afectadas, continuar valorando sus activos inmobiliarios a un valor ficticio, es decir, a un valor superior al real que nada tendrá que ver con su auténtico precio de mercado.
- Un compromiso del Gobierno a la reforma de la ley de Contratos para que las empresas sometidas a procedimientos de concurso puedan seguir recibiendo ayudas públicas e, incluso, contratando con las administraciones. CiU ha conseguido también la prórroga para 2011 y 2012 de la libertad de amortización siempre que las empresas beneficiadas mantengan sus plantillas.
- El documento habilita al Instituto Oficial de Crédito (ICO) a que antes del 15 de junio comience a dar créditos directos de hasta 200.000 euros a las empresas asumiendo el 100% del riesgo.
-El recorte de un año a seis meses el plazo del que disponen las empresas para recuperar el IVA de las facturas impagadas. ERC y CiU han conseguido incorporar al paquete la simplificación para las pymes de las obligaciones de documentación relacionadas con las operaciones vinculadas. La medida incluida en el documento de Zurbano, pero que se aprobó en el Parlamento, servirá para reducir los límites de tiempo gradualmente de 90 a 60 días para las transacciones entre empresas, y de 60 a 30 días para los pagos de organismos públicos. Pero ya hay voces discordantes: “No hay dinero para cumplir con el requisito de los 60 días”, señala Antonio Argandoña, profesor de economía de la escuela de negocios IESE, coincide. “Las autoridades públicas no tienen dinero, así que pidiéndoles que paguen no se va a conseguir nada”, asegura.
Las medidas "malas"
En la otra cara de la moneda figuran iniciativas de muy difícil concreción, ya sea porque requieren reformas de otras leyes, por la amplitud del enunciado que auguran más demoras en el difícil momento económico,-cuando las medidas necesarias deberían aprobarse cuanto antes-, o por su discutible eficacia para resolver los problemas inmediatos de paro, comptetitividad o déficit. Son;
-Embargos. Se reformará en el Congreso la Ley de Enjuiciamiento Civil para elevar el umbral de inembargabilidad en los supuestos de ejecución hipotecaria sobre la vivienda, teniendo en cuenta la existencia de familiares a cargo. Si no fuera suficiente la entrega de la vivienda a la entidad financiera para amortizar la deuda, se dejará fuera del embargo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) del propietario, ahora fijado en 633 euros mensuales por 14 pagas, y un 20% del SMI del familiar a cargo. Es una iniciativa de Izquierda Unida, que proponía que este umbral subiera hasta el 50%. La medida presenta posibles problemas incluso de inconstitucionalidad
-IVA para la dependencia. Se aplicará, a iniciativa de CiU, el tipo del 4% a los servicios de atención prestados por las empresas con ánimo de lucro mediante plazas concertadas en residencias.El problema es que la Ley de Dependencia sigue sin presupuesto.
-Aeropuertos. El exceso de equipaje se calculará a partir de su peso y no del número de bultos. Además, las compañías aéreas estarán obligadas a aceptar a embarque los productos comprados por los clientes en las tiendas libres de impuestos sin que puedan considerarse como exceso de equipaje. Esto, salvo a las compañías aéreas, no favorece precisamente al ciudadano.
- Política industrial. El Gobierno aspira a elaborar un plan integral en el horizonte de 2020 que abarque, entre otros, al sector aerospacial, al de máquina herramienta, al de automoción, al coche eléctrico, a los polos de innovación, al farmacéutico y al biotecnológico. Con este propósito, Salgado anunció ayer la creación de una comisión interministerial de política industrial que deberá presentar antes de tres meses sus propuestas. En paralelo, se creará una subcomisión en el Congreso para abordar estos objetivos, en la que participarán sindicatos y empresarios.
-Energía. El Ministerio de Industria revisará los incentivos a las renovables, los costes asociados al transporte y fomentará la competencia en el mercado eléctrico mejorando los mecanismos de contratación. Antes del próximo 30 de junio, se acordará una propuesta de mix energético para 2020.
- Planes de austeridad. Los acuerdos entre Gobierno y comunidades serán sometidos al aval parlamentario. En abril, el Ejecutivo concretará los recortes de gasto de personal en la administración y en el sector público empresarial.
-FROB. El Gobierno ha recibido las propuestas del PP y de CiU dirigidas a la reducción de los plazos que operan dentro del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para la consolidación del sistema financiero. Ello supondrá una simplificación de los trámites previstos, pero el tiempo se acaba, puesto que en junio termina el plazo para acogerse a dichas medidas.
- El Gobierno ha aceptado también clarificar el régimen que se aplicará a los sistemas institucionales de protección (SIP) a través de los cuales podrán encauzarse determinadas fusiones entre cajas de ahorro. La introducción de una mayor transparencia en esta posible vía de fusión entre entidades afectará al régimen de consolidación contable y a la adhesión al Fondo de Garantía de Depósitos, pero hoy el problema de las cajas no es informático o contable, es de supervivencia.
- Se permitirá que los fondos de titulización de activos se conviertan en titulares de los inmuebles, derechos y cantidades resultantes de los remates de las hipotecas de los que son titulares como consecuencia de su titulización. Una medida que expertos economistas han calificado de "ingeniería financiera" para resolver el problema de los bancos con el sector inmobiliario.
En cualquier caso, y con o sin pacto, el Consejo de Ministros aprobará por Decreto ley las cuestiones que considere convenientes “para crear empleo” y otras que se incluyan en su estrategia de Economía Sostenible. Pero de los grandes temas; mercado laboral, pensiones y el problema financiero del Estado, nada.
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