El consejero andaluz de la Presidencia, Antonio Ávila, aseguró que la negociación con el Ministerio de Economía y Hacienda sobre el pago de los 784 millones de euros pendientes para la liquidación definitiva de la 'deuda histórica' "sigue abierta" y en ella la Administración General del Estado ha puesto sobre la mesa "nuevos solares" que aún están "pendientes de valoración" por parte de la Junta de Andalucía.
En la habitual rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Ávila indicó que aún no hay "grandes novedades" en la negociación, si bien quiso dejar claro que desde la Junta "no nos cabe duda que del esfuerzo que se está realizando saldrán resultados positivos y todo estará resuelto esperemos satisfactoriamente antes del viernes", un día antes de la fecha fijada en el Estatuto como tope para cerrar un acuerdo, el 20 de marzo.
Preguntado por si los nuevos "activos" propuestos por el Gobierno central cubren los más de 100 millones de diferencia en la tasación reconocidos ayer por el propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán, el titular andaluz de la Presidencia se limitó a señalar que "son activos que corresponden a solares y que se están valorando ahora mismo por parte de la Junta de Andalucía" sin aportar más detalles porque "no tengo más información que trasladar".
No obstante, Ávila sí aclaró a preguntas de los periodistas que se trata de "solares que ha puesto la Administración General del Estado encima de la mesa para su valoración y tasación por parte de la Junta de Andalucía", de forma que no son "solares buscados por la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA)".
Por último, el consejero también precisó que por el momento no ha entrado en escena la tasadora independiente que reclamó la Junta ante las diferencias con el Estado sobre el valor de los terrenos incluidos inicialmente en el acuerdo. "Se están valorando y comparando las dos tasaciones para ver si es necesario que haya una tasadora independiente o no", comentó.
DERRIBOS DE OBRAS ILEGALES EN UN MES
Asimismo, el Consejo de Gobierno de la Junta en su reunión aprobó el Reglamento de Disciplina Urbanística, una norma pionera en España que refuerza las competencias municipales en esta materia y faculta a los consistorios para poder iniciar procedimientos de demolición de obras ilegales por vía de urgencia e imponer sanciones que impidan el beneficio económico de los infractores.
Según explicó en rueda de prensa el titular de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, este novedoso procedimiento, fijado para actuaciones de urbanización o edificación "manifiestamente ilegalizables", posibilitará a los ayuntamientos iniciar y concluir un procedimiento de demolición en el plazo de un mes, a contar desde que se notifique al interesado el inicio del expediente, lo que supondrá una reducción de hasta once meses respecto al actual periodo ordinario de tramitación.
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