El conseller de Gobernación y Administraciones Públicas, Jordi Ausàs, defendió la necesidad del proyecto, que llegó así al final de la tramitación con el aval del Consell de Garanties Estatutàries, que la semana pasada emitió el dictamen que había solicitado el PP, y que consideró que su contenido respeta sustancialmente la Constitución y el Estatut, aunque expresó sus reservas sobre algunos artículos, que fueron corregidos vía enmiendas.
Tal y como explicó, el proyecto regula los referéndums sobre cuestiones políticas de trascendencia especial impulsados por el presidente de la Generalitat; por el Parlament, a propuesta de una quinta parte de los diputados o dos grupos parlamentarios; por un 10 por ciento de los municipios, que deben representar como mínimo medio millón de ciudadanos, y por una iniciativa popular con el apoyo del 3 por ciento de la población.
Todas las consultas, pese a todo, requerirán primero el acuerdo de la mayoría absoluta del pleno del Parlament y, después, la autorización del Estado.
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La normativa también regula los referéndums de ámbito municipal sobre cuestiones de la competencia propia de los municipios, impulsados a iniciativa del alcalde, de una tercera parte de los concejales y también con el aval de firmas de ciudadanos empadronados. Corresponderá al pleno del ayuntamiento acordar el referéndum por mayoría absoluta de los concejales, pero también deberá autorizarlos el Estado.
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