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En la querella sobre la intervención de comunicaciones en prisión

El Supremo admite al 'cabecilla' de Gürtel como acusación contra el juez Garzón

El Tribunal Supremo ha admitido la petición de Francisco Correa, pregunto cabecilla de la trama "Gürtel", de personarse como acusación particular en la querella admitida a trámite contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por intervenir las conversaciones mantenidas por él y otros imputados en la red corrupta con sus abogados en el centro donde cumplen prisión preventiva.
Su abogado, José Antonio Choclán, había solicitado por escrito al alto tribunal adherirse a la querella que fue presentada por el ex fiscal de la Audiencia Nacional y abogado de otro de los imputados en la "Gürtel" Ignacio Peláez, que considera que Garzón prevaricó y cometió un delito contra la garantía institucional de la intimidad al intervenir las conversaciones mantenidas por los tres presuntos cabecillas de la trama corrupta cuando el caso aún era competencia de la Audiencia Nacional.

La admisión de esta acción penal contra Garzón se suma a las dos que ya tramita el alto tribunal contra el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, por investigar las desapariciones del franquismo y por sus cobros de la Universidad de Nueva York durante el año en el que permaneció en EE.UU. durante un permiso de estudios.

En el auto de admisión a trámite de esta tercera querella contra el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, la Sala destaca como "extremos significativos" el hecho de que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional limite la intervenciones de las comunicaciones de presos con abogado a los supuestos de terrorismo. También critica que el auto de Garzón ordenando las escuchas se refiriera a la "totalidad indiscriminada" de abogados del caso.

La Fiscalía, por su parte, ha pesentado un escrito solicitando a la Sala que reconsidere su decisión de tramitar esta causa, al estimar que la denuncia de Peláez contiene "incorrecciones" graves sobre los hechos ocurridos.

Puntos de la querella

Peláez, que representa al imputado en la "Gürtel" José Luis Ulibarri, destaca en su querella determinadas actuaciones de Garzón, a su juicio irregulares durante la investigación del "caso Gürtel", del que el magistrado de la Audiencia Nacional se inhibió el pasado 5 marzo en favor del Supremo (en el caso de dos aforados nacionales) y los tribunales superiores de justicia de Madrid y Valencia.

El abogado comienza señalando que en este caso se incumplieron las normas de reparto de la Audiencia Nacional, pues las diligencias fiscales que originaron el "caso Gürtel" fueron remitidas directamente a Garzón alegando su conexión con otra investigación preexistente (el denominado "caso BBVA") a pesar de lo cual el juez no abrió pieza separada sino unas diligencias independientes.

Además, Garzón habría tardado cinco días -entre el 27 de febrero y el 4 de marzo de 2008- en notificar a dos de los imputados cuyas conversaciones fueron intervenidas -Francisco Correa y Antonio Crespo-, que debían nombrar a otro letrado, al haber sido también imputado José Antonio López Rubal, que era el abogado que hasta entonces tenían nombrado.

Igualmente, según la querella, Garzón habría prorrogado la intervención de las comunicaciones en prisión el 20 de marzo de 2009, a pesar de que quince días antes ya se había declarado incompetente en esta causa e inhibido en favor de los tribunales superiores.

El Ministerio Fiscal se opone a la tramitación de esta nueva causa contra el juez Garzón alegando que los hechos narrados en la querella no son constitutivos de delito y cuestionando incluso la legitimidad de Peláez para el ejercicio de la acción particular, puesto que las escuchas se aprobaron para las comunicaciones de los presuntos cabecillas (Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez), que no son sus clientes, y entender por ello que esta acusación "ejerce derechos ajenos".
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