Lo creen asociaciones de consumidores y usuarios: la 'ocurrencia' del Gobierno de Zapatero de que la Dirección General de Tráfico controle los psicotécnicos acabará en el Tribunal Constitucional, dado que no parece lógico que el historial clínico de los conductores acabe en donde puede ser visto por cualquiera. O, en todo caso, que los historiales clínicos no son competencia del jefe de esa polémica Dirección General, Pere Navarro, sino en todo caso del sistema de salud nacional.
Como se sabe, la medida fue aprobada por el Consejo de Ministros del pasado 19 de febrero y, aunque polémica per se, lo es más por el tratamiento que el Gobierno socialista va a dar a unos datos absolutamente privados. Así que algunos abogados se han puesto manos a la obra para denunciar la inconstitucionalidad del nuevo Reglamento de Centros de Reconocimiento destinados a verificar las aptitudes psicofísica de los conductores, en el que, por un lado, se agiliza los procedimientos para renovar el carné de conducir pero, por otro, se endurece el control por parte de la Administración de estos centros.
El problema no es el endurecimiento de los procedimientos, sino la escasa importancia que el Gobierno socialista da a los datos clínicos de las personas: cualquier funcionario de la Dirección de Navarro podrá tener acceso a determinados datos clínicos de cualquier persona.
Por otra parte, según ha sabido este diario e-Xclusivo de fuentes fidedignas, se ha actuado tan precipitadamente con esta norma que merece el nombre de 'ocurrencia'. Por ejemplo, se solicitó informe a la Guardia Civil que, efectivamente, lo remitió al Ejecutivo, pero la norma se aprobó sólo dos días después de recibirlo. Lo cual quiere decir que la solicitud de informe fue más bien un puro trámite burocrático. Así están las cosas.
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