La Justicia valenciana rechaza investigar la presunta financiación ilegal de los 'populares'

La denuncia, avalada por Jorge Alarte y firmada por los diputados del PSPV Ángel Luna, Carmen Ninet, Joaquim Puig y Cristina Moreno, estaba basada en el informe policial confeccionado por la Unidad de Blanqueo de Capitales del Ministerio del Interior. Ahora la Justicia valenciana considera que no es competente y que es el TSJ de Madrid el que debe investigar los hechos dentro de la pieza principal del caso Gürtel.

El documento del Ministeriod el Interior ya fue rechazado por la Justicia valenciana en el denominado caso de los trajes. El informe llegó días antes de que la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV decretara el archivo del supuesto cohecho impropio por los supuestos regalos que el presidente Camps habría recibido de la empresa Orange Market, filial valenciana del entramado de empresas cuyo gerente era Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes y mano derecha en Valencia de Francisco Correa.

En la decisión conocida este lunes, el TSJCV ha tenido en cuenta el criterio de la Fiscalía. El Ministerio Público consideraba que "por el momento" lo relatado en el informe no debía ser indagada por la Justicia valenciana para no caer en una supuesta "duplicidad" en la causa abierta en Madrid. 

Cabe recordar que Antonio Pedreira es el magistrado encargado de llevar el caso en el TSJM. La Justicia valenciana realizó, una vez presentada la denuncia por parte del PSPV, un requerimiento al tribunal madrileño para solicitar información sobre los hechos denunciados. No obstante, Pedreira dio una respuesta negativa a la solicitud.

El juez madrileño argumentó que podía "frustrar el final legítimo, protegido por la máxima reserva, con que se instruyen las citadas diligencias, cuyo contenido ha sido declarado secreto incluso para las partes personadas". Es decir, que se podía violar el secreto de sumario.

Pese al criterio de la Fiscalía, para que fuera Madrid el que investigara los hechos, los socialistas valencianos mostraron su interés por que fuera en Valencia donde se produjesen las indagaciones.

El PSPV, como acusación particular, mantenía que no existían impedimentos para que el TSJCV asumiese la competencia para investigar los hechos denunciados y admitiese la querella, al entender que se cumplen los requisitos legales.

Los socialistas reiteraban que hay unos hechos concretos imputados a personas aforadas, cuya competencia se atribuye en exclusiva por el Estatuto de Autonomía a la Sala Civil y Penal del TSJCV y que, por tanto, debería haber sido ésta, sin perjuicio de la instrucción que se lleve en Madrid, quien asumiese la competencia.