En las calles de las principales ciudades de Honduras se pueden ver carteles y pancartas haciendo un llamamiento a votar este domingo o a quedarse en sus casas apoyando al derrocado mandatario Manuel Zelaya en un intento por debilitar las elecciones, las primeras que contaran con una escasa presencia de observadores internacionales.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha dicho que espera una participación del 60 por ciento de los electores inscritos en el padrón, considerando que al menos un millón de hondureños viven fuera del país y no pueden votar.
Esta es también la primera vez en la que los comicios en Honduras se realizan sin tener al frente a un presidente, ya que el mandatario interino, Roberto Micheletti, decidió separarse temporalmente del cargo el pasado miércoles con el objetivo de abrir para los hondureños "un espacio de reflexión" y evitar cualquier confrontación.
Según lo anunciado, podría retornar a la Presidencia el próximo 2 de diciembre, fecha en que el Congreso Nacional hondureño someterá a votación la pertinencia de restituir o no a Zelaya en el cargo, en el marco de lo establecido en el acuerdo Tegucigalpa/San José firmado por ambas partes a finales de octubre.
Zelaya ha llamado a desconocer los resultados de unos comicios que se celebran con un "Gobierno golpista", tras aclarar que para que las elecciones tengan legitimidad tendría que regresar al poder y entregar el mandato el próximo 27 de enero a quien, según él, debería ser su sucesor y no el de Micheletti.
Candidatos
Son cuatro los candidatos que se enfrentan en esta contienda, aunque en realidad sólo los aspirantes provenientes de los dos únicos partidos, que han gobernado Honduras desde que se restauró la democracia en 1982, tienen posibilidades de ganar.
Se trata de Porfirio Lobo, del opositor Partido Nacional, que se perfila como el posible ganador de la contienda del domingo con el 37 por ciento de los votos, según las últimas encuestas divulgadas días antes de que comenzara esta semana el llamado período de reflexión.
Esta es la segunda vez que Lobo se presenta como aspirante a la presidencia. La primera vez fue en 2005 cuando perdió ante Zelaya. Su principal bandera durante la campaña ha sido promover la seguridad y acabar con la delincuencia, que deja cientos de muertes cada año en ese país, mediante el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad y el sistema de justicia.
Por parte del gobernante Partido Liberal -al que pertenecen Zelaya y Micheletti- está Elvin Santos, quien renunció en 2008 a la vicepresidencia para lanzarse al ruedo electoral. En todo momento ha expresado su confianza en la posibilidad del triunfo pese a haber sido compañero de fórmula en 2005 del presidente derrocado.
Santos logró ser candidato a la presidencia por el Partido Liberal después de vencer en las elecciones internas de 2008 a Micheletti, cuando entonces era jefe del Congreso. Esta situación, y posteriormente el golpe de Estado, puso en evidencia la drástica división interna de su partido que ha afectado notoriamente a este grupo político de cara a estos comicios.
División internacional
Estas elecciones contarán con el respaldo internacional de Estados Unidos, Panamá y Perú, los únicos países en declarar abiertamente su apoyo a estas elecciones, en contra de la postura adoptada por Venezuela, Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Cuba, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana al confirmar que no reconocerán al Gobierno resultante de las mismas. México, por su parte, ha dicho que no se pronunciará hasta después de los comicios.
Los países latinoamericanos que se niegan a reconocer los comicios argumentan que se trata de un proceso "ilegítimo" que no cuenta con las condiciones necesarias para garantizar la transparencia de las votaciones y la libertad de expresión de ciudadanos y partidos políticos.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que "América Latina y América Central tienen experiencias de sobra con golpistas que usurpan el poder rompiendo los principios democráticos, y si aceptamos eso, puede ocurrir lo mismo en otro país mañana".
Brasil es uno de los países que más apoyo ha prestado a Zelaya, a quien proporcionó refugio en su Embajada en Tegucigalpa después de que el mandatario consiguiera volver al país el pasado 21 de septiembre.
Asimismo, el presidente venezolano, Hugo Chávez, calificó la pugna electoral como una "farsa" y afirmó que los países libres no reconocerán unos comicios "desarrollados al amparo de los golpistas".
"¿Cómo pueden celebrarse elecciones democráticas con los militares en la calle, en un país sitiado?" se preguntó, al tiempo que indicó que solo Estados Unidos y los "gobiernos derechistas" aceptarán los sufragios.
Por su parte, la ONU, el Grupo de Río, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), así como otros organismo manifestaron su desconocimiento a este proceso por el mal precedente que sienta para la región.
Mientras en España cerca de 40 organizaciones civiles solicitaron al presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, que no reconozca los comicios y que impulse en el seno del Consejo de la Unión Europea una declaración institucional de rechazo a los mismos. El secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de LaIglesia, dijo recientemente que para España sería "muy difícil" reconocer las elecciones en el actual contexto.
El presidente de Costa Rica, Óscar Arias, quien sirvió de mediador en el conflicto, ha pedido a la comunidad internacional reconocer las elecciones "si todo transcurre bien", tras admitir que las negociaciones han sido un "fracaso".
"Creo que al final tiene que reinar la cordura y la cordura dice que deberíamos, si todo transcurre bien, normalmente y los observadores no ven nada absolutamente malo el domingo 29 de noviembre, pues yo pienso que la gran mayoría de los países del mundo deben reconocerlas", señaló.
El TSE anunció que unos 3.300 observadores, 3.000 nacionales y 300 extranjeros, estarían presentes en las elecciones, mientras la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter no enviarán representación alguna.
La preocupación porque se produzcan ataques durante las votaciones obligó a la Policía y al Ejército a desplegar 31.000 efectivos y un operativo de desarme para evitar un posible boicot por parte de grupos simpatizantes de Zelaya.
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