La objeción de conciencia en el ámbito sanitario, tema de la mañana

 La consejera de Salud, María Kutz, ha elegido la objeción de conciencia en el ámbito sanitario. Para ello, ha estado acompañada por José Manuel Maza, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y por Juan Manuel Fernandez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Kutz ha destacado la necesidad de regular 'el derecho de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios parar poder dotar a estos profesionales de seguridad jurídica' . En este sentido, ha apuntado que algunos aspectos relacionados con su profesión pueden plantear 'problemas éticos', como es el caso de la interrupción voluntaria del embarazo o la investigación médica. Ha asegurado que, el hecho de 'regular ese derecho, sería algo bueno para todos'.

 María Kutz  ha ofrecido datos acerca de la interrupción voluntaria del embarazo en Navarra, destacando que un 2% de los abortos se realizan en la sanidad pública. En este momento, según ha explicado, se deriva a otras comunidades autónomas a las mujeres que desean abortar: 'se trata de una prestación que está garantizada dentro de la cartera de servicios', según sus palabras.

Por su parte, el magistrado Maza se ha referido a distintas sentencias relacionadas con la objeción de conciencia, no sólo referidas al ámbito sanitario. Ha asegurado que es 'un campo complejo que ha dado lugar a decisiones contradictorias en algunos casos; a pesar de que la Constitución sí recoge la libertad ideológica, no regula expresamente la objeción de conciencia'. También ha explicado la diferencia entre conceptos como la desobediencia civil o la libertad ideológica o religiosa. En este sentido ha destacado, por ejemplo, 'que no es aceptable una práctica que vaya contra el orden público o la convivencia'.

Según este magistrado, en el caso del aborto, 'la complejidad reside en que es preciso garantizar el derecho a esta prestación sanitaria en el ámbito público en los supuestos que actualmente recoge la ley, pero que también habría que considerar el derecho del sanitario a no realizar algo que va contra sus convicciones más profundas; siempre que exista otro que sí esté dispuesto'.

Por último, Juan Manuel Fernández, refiriéndose al tema concreto de la interrupción voluntaria del embarazo, ha expresado que en su opinión, sería deseable apostar por 'posiciones intermedias' desde el ordenamiento jurídico y los tribunales