Mientras tanto, la Audiencia Nacional
guarda silencio de manera oficial. No obstante, magistrados de este órgano apuntaron que sería "complicado" desde un punto de vista legal, dar respuesta a la petición de los piratas, que el lehendakari
Patxi López pidió al Gobierno que considerara. Y de todo esto, lógicamente hablarán los familiares en la Audiencia Nacional con su presidente,
Ángel Juanes, que les recibirá a la una de la tarde.
Las mismas fuentes judiciales señalaron que una de las vías legales para afrontar la actual situación pasaría por que una de las partes personadas, la Fiscalía o la defensa de los piratas, planteara al juez competente,
Santiago Pedraz, una cesión de jurisdicción en favor de las autoridades keniatas, si bien la Audiencia no se pronuncia sobre el modo en el que se resolvería esta cuestión. Otra posibilidad, si bien harto improbable, sería que el Ministerio Público retirara la acusación contra los corsarios por falta de pruebas.
A lo largo de la mañana, ni la Fiscalía ni el presidente de la Audiencia Nacional,
Ángel Juanes, quisieron pronunciarse sobre el secuestro del Alakrana, y el juez Pedraz se limitó a señalar que no hay novedades y que cualquier solución es "jurídicamente complicada".
Los portavoces de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM),
Antonio García; Jueces para la Democracia (JpD),
Miguel Angel Gimeno, y el Foro Judicial Independiente (FJI),
Conrado Gallardo, coincidieron en subrayar la dificultad de responder de un modo acorde con la Ley a la petición de los piratas y destacaron que el problema no está en manos de los jueces, sino del Gobierno.
"No somos los jueces quienes tenemos que rompernos la cabeza buscando un camino a contrapelo", explicó el portavoz de la APM, para después insistir en que no se puede "empujar a los jueces" a encontrar esta solución, porque "no pueden hacer nada sin tener en cuenta la Ley".
En opinión de Antonio García, de la única forma que se podrían poner en libertad a los dos piratas sería si no hubiera acusación en su contra, algo que depende de la Fiscalía, ya que plantear ahora un problema de competencia es "absolutamente impensable". Con todo, defendió la necesidad de que "entre todos" se encuentre una solución, "sin hacer nada que cruja los pilares del Estado de Derecho".
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