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El Alcalde dice estar dispuesto a retirarlo si se lo pide la dirección nacional del PP

La 'ida y vuelta' del recurso de Gallardón en las elecciones en Caja Madrid

El Ayuntamiento lo había conseguido. lo que había intentado por todos los medios Miguel Blesa, la paralización del proceso electoral de Caja Madrid, lo había logrado el Consistorio al presentar un recurso en los juzgados contra dicho proceso por entender que la representación que se le asigna no corresponde con la establecida en la Ley de Cajas de Madrid, la que recientemente había adaptado el Parlamento Regional para sortear otra china en este tortuoso proceso electoral: el recurso de inconstitucionalidad presentado por el gobierno central.
La verdad es que este proceso que debe culminar con la constitución de una asamblea general en la cual se elegirá un nuevo consejo de administración quien, a su vez, elegirá al nuevo presidente de la Entidad, está gafado, se mire por donde se mire.

   La guerra entre los denominados "aguirristas" y "gallardonistas" empezó cuando en la denominada Comisión de Control se planteó la convocatoria del proceso electoral. Según la Ley, si tal iniciativa se aprobaba, esta Comisión de Control pasaría a convertirse en comisión electoral, encargada de velar por la pureza y transparencia de un proceso en el cual los impositores, los trabajadores, los ayuntamientos y las corporaciones e instituciones provinciales y la Casa Real, elegirían a sus representantes para constituir una Asamblea General encargada de elegir al nuevo consejo de administración quien, a su vez, designaría nuevo presidente.



 
Conflicto


 Los problemas empezaron cuando el Ayuntamiento de Madrid esgrimió que la nueva Ley de Cajas aprobada por el Parlamento Regional, no asigna la representatividad real que corresponde a las corporaciones municipales en la Entidad. Pérdida de poder, o una prolongación de la batalla que vienen manteniendo, desde hace años, la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y el Alcalde, Alberto Ruiz Gallardón. Sea lo que sea, la cosa se puso muy mal. Hasta el punto de que llegó a haber, en un momento determinado, dos comisiones de control una presidida por Pablo Abejas, quien hasta que se entró en guerra había sido el titular del organismo, y otra, compuesta por los gallardonistas. Incluso se reunían los mismos días, a la misma hora, y en lugares distintos. Porque la pelea llegó a ser de tal calibre que ya se trataba de legitimar a cada una de las partes utilizando los lugares de reunión creados para tales efectos.

Hubo cambios urgentes de la Ley de Cajas para hacer más flexible el proceso electoral. El gobierno de Aguirre, con un consejero de Economía como Antonio Beteta, bastante proclive al diálogo, intentó limar todo tipo de asperezas para sacar adelante la elección de nuevo presidente lo antes posible. Incluso el propio Beteta llegó a decir que "esperaba que para finales de noviembre pudiese tomar posesión el nuevo presidente, una vez concluido el proceso".

No va a ser así por una razón. El Ayuntamiento se sacó de la manga un recurso ante los juzgados argumentando que no habían sido escuchados en el reparto de los representantes de la Casa Real en la Asamblea. Resulta que la Casa Real, por Ley y por tradición, a través de una serie de patronatos que convergen en la Obra Social de Caja Madrid y en el Monte de Piedad, tiene derecho a designar sus representantes en la Asamblea General. Desde hace años, la Casa Real no ejerce tal prerrogativa y deja en manos de las instituciones regionales y locales dicha designación. Los gallardonistas no están de acuerdo con que la práctica totalidad de estos representantes hayan sido "colocados" desde la Puerta del Sol. Y de ahí el recurso. Un recurso que puede acabar en agua de borrajas como todo lo que está sucediendo en torno a esta esperpéntica elección.




Judicialización del conflicto

El Ayuntamiento de Madrid retirará el recurso judicial que mantiene contra el reparto de consejeros en Caja Madrid si "se solicita en aras del nombramiento de Rodrigo Rato como presidente. Nadie nos lo ha pedido pero si nos lo solicitan se retiraría inmediatamente", señalan fuentes de los gallardonistas

   Este anuncio se produjo después de que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ofreciera su apoyo expreso a Rodrigo Rato como presidente de la entidad, retirándose en la práctica de la lucha por la sucesión de Miguel Blesa.

   Por su parte, fuentes judiciales indican  que al tratarse de un recurso civil, si el Consistorio retira su recurso se archivaría automáticamente la causa que tiene abierta la jueza del Juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid, Inmaculada Vacas, y que, hoy por hoy, mantiene suspendido cautelarmente todo el proceso electoral.




La cosa no ha acabado

No obstante, el proceso judicial también dependerá de lo que haga la jueza del Tribunal de Primera Instancia número 51, donde ha recaído el recurso presentado por el Ayuntamiento de Barcelona en el mismo sentido que Madrid.

   Asimismo, aún queda por conocer la posición de Comisiones Obreras, que ha presentado dos recursos, uno de ellos para sumarse al del Consistorio madrileño contra el reparto establecido por la comisión de control de la entidad de los consejeros cedidos por la Casa Real, al dejar fuera del reparto también al sector de impositores.

   Caja Madrid, por su parte,  ha pedido a la juez una vista pública para que las partes implicadas en el conflicto judicial en que está inmersa la caja puedan alegar en defensa de sus derechos.

   Así figura en el documento de alegaciones presentado por Caja Madrid al auto de suspensión cautelar adoptado por el Juzgado de Primera Instancia número 60 de Madrid.

   Concretamente, la entidad manifiesta su voluntad de "formular oposición a la medida cautelar acordada por el juzgado, al único efecto de que haga posible la celebración de una vista pública en la que todos los interesados aleguen en defensa de sus derechos".

   Caja Madrid cree prudente la suspensión cautelar decidida por dicho juzgado porque el conflicto judicial en curso origina "una grave situación de inseguridad jurídica, ya que el proceso electoral queda sujeto a los efectos de una decisión futura que deberá poner término a la discrepancia interpretativa planteada".

   La postura adoptada por Caja Madrid en relación con una vista pública se justifica por razones de prudencia, ecuanimidad en relación con los intereses en conflicto entre los sectores afectados por la discrepancia interpretativa y la protección de los intereses generales de la entidad, argumenta la caja.

Antecedentes

   Para Caja Madrid, el conflicto tiene su origen en un distinto entendimiento de las normas legales aprobadas por la Asamblea de la Comunidad de Madrid, como así lo ponen de manifiesto los escritos presentados por los ayuntamientos de Madrid y Barcelona y el recurso interpuesto por la Unión de Madrid de CC.OO.

   A su parecer, se trata de un "conflicto de derecho entre los sectores que tienen que designar representantes en la Asamblea General ya que, de prevalecer una u otra interpretación, el número de consejeros generales que corresponde a cada uno de los sectores variaría notablemente".

   Según la caja de ahorros, no se trata de un problema entre los demandantes (ayuntamientos de Madrid y Barcelona y Unión de Madrid) y la entidad Caja Madrid.

   Caja Madrid considera que, dada la naturaleza del conflicto suscitado, "debe velar por sus intereses generales favoreciendo que los distintos participantes en el proceso electoral tengan la oportunidad de ser oídos en el proceso judicial".

   Este criterio coincide con el de la comisión electoral, que el 23 de septiembre notificó la impugnación del Ayuntamiento de Madrid a las distintas entidades afectadas con el fin de que las mismas pudieran defender sus intereses.

   Caja Madrid recuerda que no se ha opuesto a la solicitud de personación en el juicio de la Comunidad de Madrid, Asamblea Legislativa de Madrid y Cámara de Comercio de Madrid, ya que no se está ante una cuestión que afecta sólo a las corporaciones locales y sección sindical demandantes, como a veces se ha llegado a sostener, sino a todos los sectores con representación en la Asamblea.

   Así lo prueba el hecho de que hayan solicitado personarse como legítimamente interesados las instituciones antes citadas, insiste la entidad que preside Miguel Blesa.

   Fuentes conocedoras del proceso indican que este escrito de alegaciones de Caja Madrid, casualmente presentado el mismo día en que se intentó arreglar todo el desaguisado existente en torno a la sucesión de Blesa, no busca otra cosa que retrasar una solución judicial pactada al recurso lo que supondría un nuevo retraso de las elecciones y la permanencia de Miguel Blesa al frente de la Entidad al menos hasta el año que viene.

   Es decir, que el "culebrón Caja Madrid está lejos de concluir". Ahora, a esperar al nuevo capítulo y las sorpresas que nos depare.
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