En una declaración adoptada al concluir su XXXIX Asamblea General en Brasilia, la AIR denunció lo que calificó de "grave alteración del orden constitucional y consecuente degradación de la democracia en algunos países" de América Latina.
Citó "muy especialmente" el caso de Venezuela e indicó que, en todos los países en los que la democracia "retrocede", existe como "elemento común un sistemático ataque a la libertad de expresión".
La AIR fue especialmente dura con el presidente venezolano, Hugo Chávez, el único jefe de Estado citado en la declaración final, que fue acompañada por trece resoluciones anexas, de las cuales cinco fueron dedicadas exclusivamente a Venezuela.
Entre otras cosas, la declaración de la AIR afirma que Chávez "ha descalificado y desacreditado públicamente a los organismos y las autoridades del sistema interamericano, desconociendo su competencia pese a que Venezuela es signataria de los acuerdos y tratados internacionales que lo conforman".
Recuerda que, desde el 2003, Chávez ha rechazado una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que el Tribunal Supremo de Venezuela ha declarado "inaplicables" las sentencias de ese organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En ese sentido, la AIR exhortó a los Estados miembros de la OEA a "respetar y también a hacer cumplir las medidas, recomendaciones y resoluciones del sistema interamericano" y a adoptar "las medidas necesarias para poner fin a los graves incumplimientos denunciados en Venezuela".
El chileno Luis Pardo, reelegido como presidente de la AIR, dijo que los empresarios del sector de radiodifusión "no pueden callar más ante las acciones autoritarias de Gobiernos que ignoran los derechos fundamentales previstos en acuerdos internacionales y en las propias constituciones de los países".
Además de la "gran preocupación" por las "amenazas" a la prensa en Venezuela, la AIR expresó su "inquietud" ante la situación en Argentina y Ecuador, donde se debaten nuevas leyes de prensa que podrían "ser inspiradas" en el "modelo bolivariano de control de medios".
En el caso de Argentina, se aprobó una resolución en la que se insta al Senado de ese país a "efectuar una revisión" del proyecto de ley de medios impulsado por el Gobierno, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados.
En relación a Ecuador, la AIR acordó enviar una misión al país, a fin de analizar las tres propuestas para una nueva ley de prensa que estudia la Asamblea Nacional (Parlamento) y promover debates sobre la libertad de expresión.
Asimismo, condenó "enérgicamente" la "violencia física y moral" y las "amenazas" contra la prensa de Honduras, desatadas en medio de "la gravísima situación institucional" del país.
Según la AIR, la crisis derivada del golpe de Estado del pasado 28 de junio ha dado paso a "una sistemática limitación, ataques y cierre de medios de comunicación", como ocurrió con Radio Globo y el Canal 36, sacados del aire por el Gobierno de facto.
Como en otras asambleas, la AIR también reiteró en Brasilia su condena a la "permanente campaña de hostigamiento, persecución, represión y reclusión de periodistas independientes" en Cuba.
En la isla antillana, bajo el Gobierno de Raúl Castro, "persisten todas las restricciones para el libre acceso de los ciudadanos al ejercicio del periodismo y la existencia de medios de comunicación libres e independientes", dijo la AIR a través de una resolución.
La AIR, fundada en 1946 e integrada por 17.000 emisoras de radio y televisión privadas de América, Asia y Europa, también acordó que su próxima asamblea se celebrará en Cádiz (sur de España), en el mes de noviembre del 2010.
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