Según indicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros este programa supone "una medida extraordinaria, de duración limitada", con la que se pretende "paliar los efectos de la crisis entre los que más la sufren".
El perceptor de esta renta asumirá el compromiso con el servicio público de empleo de su comunidad autónoma de participar en un itinerario de formación y empleo.
Los beneficiarios dispondrán de dos meses desde el momento que hayan agotado su prestación para solicitar la ayuda. La financiación de la prestación, estimada en 642 millones de euros, correrá a cargo de los presupuestos del Servicio Público de Empleo Estatal, mientras las Comunidades Autónomas financiarán las acciones incluidas en los itinerarios de empleo.
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