El equipo de Hernández Moltó cometió "faltas muy graves" en la gestión de CCM

Según publica el periódico El Mundo en su edición de este lunes, el informe, de 37 folios, advierte dos infracciones muy graves,  y una grave en la actuación de los anteriores gestores de Caja Castilla La Mancha. El pliego de cargos se ceba especialmente con el anterior presidente, Juan Pedro Hernández Moltó,  que, según los Estatutos, sólo ostentaba "cargos de  representación" pero, en realidad,  estaba integrado "de facto" en el comité de dirección y "realizaba funciones de gestión de forma directa con los ejecutivos de la Entidad reuniéndose frecuente y directamente con los directivos de las unidades operativas de CCM y su grupo incluyendo responsables territoriales y de zona y asistiendo a comités comerciales", se señala textualmente en el documento que publica El Mundo.

   Es decir, Juan Pedro Hernández Moltó "se extralimitaba en sus funciones", según el Banco de España que insinúa que muchas de las actuaciones del  ex presidente de Caja Castilla La Mancha iban encaminadas a llevar a cabo favores políticos,  incluso personales.

Inversiones fallidas

   El informe destaca que no había planes de contingencia para el caso de dificultades financieras, que la comisión de inversiones no velaba por el cumplimiento de objetivos, que se llevaron a cabo inversiones casi ruinosas en el proyecto del aeropuerto de Ciudad Real,  la participación en una OPA en Metrovacesa, - recordar que los principales accionistas de este grupo han sido apartados de su cargo y pesa sobre ellos la posibilidad de acciones judiciales-,  sin conocimiento del consejo de Administración, participaciones inmobiliarias de dudosa rentabilidad, como la de Global Cartera de Valores, participada por Luís Delso de quien Bárcenas dice que es "Luís el Cabrón" en el Caso Gurtel, la tenencia de acciones de otra inmobiliaria en apuros, Colonial, donde las pérdidas se cuantifican en 121 millones de euros.


   Tres grupos familiares, Díaz de Mera, Barco y Méndez Pozo acumulan créditos por valor de 459 millones de euros, el 82,4 de los titulares con créditos de más de 16 millones de euros están relacionados con el negocio de la construcción. Eran los promotores inmobiliarios los que efectuaban las tasaciones de las urbanizaciones, por lo que no se sabe exactamente el valor de los activos de los préstamos concedidos. Y, por último la incapacidad de los gestores para frenar la salida de fondos provocó un deterioro de liquidez que llevó al Banco de España a tener que inyectar 900 millones de euros, inmediatamente antes de que el Gobierno decidiera la intervención y la concesión de un aval de 9.000 millones para hacer frente al agujero que pone en peligro la Caja manchega.

   Ahora debe ser el Gobierno el que decida, ante las graves acusaciones vertidas, el futuro de la Entidad, ya que, con el reglamento en la mano, el Ejecutivo debería proceder al cierre de la Entidad y a la liquidación ordenada de sus activos. Será el Consejo de Ministros el que decida. Pero una cosa está clara. Alguien, a buen seguro, pondrá en manos de la Fiscalía Anticorrupción el informe del Banco de España. La querella criminal es casi segura en este caso. Se podría acusar a los anteriores gestores, Hernández Moltó incluido, de un delito de administración fraudulenta, con el Código Penal nuevo en la mano, el equivalente en el Código Penal anterior a la reforma de 1955, de apropiación indebida, y falsedad documental. En total, serían  diez años de condena lo que les podría caer a estos personajes.