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¿“Gato por liebre” a inteligencia colombiana?

Los hechos

A mediados del 2007, la Dirección de Inteligencia del Ejército, DINTE, pagó 5 mil millones de pesos por la adquisición de cuatro “sofisticados” aparatos GSM que les permitirían rastrear las comunicaciones de la guerrilla, el narcotráfico y las bandas emergentes de "paras". Sin embargo, tres meses después de la compra la tecnología celular cambió en Colombia y quedaron obsoletos.
Según fuentes del Ejército Nacional, este acontecimiento ha mantenido paralizadas las operaciones de monitoreo móvil a las diferentes bandas ilegales del país.

Los señalamientos recaen sobre la unión temporal compuesta por las firmas Salgado Piedrahíta Escallón y Energía Integral Andina. Esta última empresa tiene más de 30 años en el mercado, factura más de cien mil millones de pesos anuales y acaba de ganar un contrato con el Ministerio de Comunicaciones por 54 mil millones de pesos, para construir el cable submarino de fibra óptica entre Colombia y San Andrés.

¿Qué dice el Ejército?

El Ejército colombiano se percató de todas estas anomalías cuando ya había asignado el contrato y recibido la mercancía a satisfacción.  Cuando se detectó la falla en los aparatos, la institución instó a las empresas para que solucionaran el problema actualizándolos; no obstante, según sus miembros las compañías eludieron su responsabilidad durante todo el 2007.

Una copia de un documento interno de Inteligencia, firmado el 25 de junio de 2009 por el coronel Jaime Alberto Perilla Gómez, subdirector de Inteligencia del Ejército, asevera que "Lo que los proveedores ofrecieron y pactaron dentro del contrato no se  cumplió".

El documento además dice que los distribuidores alteraron los catálogos de la casa matriz que ensambló tres de los aparatos, y les vendió un cuarto equipo, comprado en Alemania, sin permiso de la fábrica.


¿Qué dicen los fabricantes?


La respuesta dada por los proveedores fue que la firma fabricante de los equipos, Track Technology, no ha desarrollado aún la nueva tecnología para celulares. Ante esto, el Ejército se reunió entonces con Craig Robinson, María Pulera y R.I. Wagner, representantes de Track Technology y los tres confirmaron que los equipos no pueden ser actualizados ni son aptos para monitorear líneas celulares.

También dijeron que el software había sido manipulado sin autorización de la fábrica. Por eso, recomendaron poner el caso en manos de las autoridades: "Las personas detrás de la venta de este sistema se esforzaron mucho para lograr un aspecto muy similar a la tecnología Track Technology", se lee en el informe del Ejército.

Y añade que las garantías de los aparatos eran de un año y no de cinco, como lo había ofrecido la unión temporal.


Los distribuidores se defienden

Voceros de Energía Integral Andina y Salgado Piedrahíta Escallón han dicho que le dieron al Ejército los equipos que pidió en los pliegos de la licitación. Incluso, sostienen, trajeron a un técnico extranjero para probar los equipos y capacitar a los militares en su manejo, trabajos que fueron recibidos a satisfacción.

Sin embargo, ante el percance alegan que siguen teniendo el aval de la casa matriz, que los aparatos sí pueden ser actualizados y que han presentado varias alternativas para subsanar el problema. No obstante, aclaran que según una cláusula del contrato, la actualización solo se puede hacer si el Ejército les suministra ciertos códigos. Pero esto es imposible.

Los códigos, conocidos en el mercado como K1, son de propiedad exclusiva de las compañías operadoras de telefonía móvil en Colombia y tienen carácter reservado porque son usadas como garantía de seguridad para sus usuarios.


Ante la preocupación porque el caso trascendiera, los proveedores han ofrecido reemplazar los equipos por otros, pero el Ejército no ha aceptado el ofrecimiento argumentando que éstos podrían ser detectados por las organizaciones a las que se quiere interceptar.

Agregan que desde que se presentó el problema con el cambio de tecnología celular han tratado de conciliar y han incurrido en gastos que les ha creado un desequilibrio económico frente al contrato inicial, sacrificando las utilidades del negocio.

Y aclaran que el fabricante, Track Technology, les ha enviado varias cartas este año en la que no solo avala la garantía de 5 años que le ofrecieron al Ejército, sino los catálogos que fueron presentados durante el proceso de licitación y le ratifica que el cuarto equipo fue vendido por una de sus filiales en Alemania sin informarles la transacción. "Nos encantaría ponerle punto final a esto", dijeron.





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