El PSM propone un decálogo ético para políticos

"Un código ético y moral de los cargos públicos, de los responsables públicos", dijo entonces Gómez, con la intención de elevarlo posteriormente a la Asamblea con el objetivo de "conseguir impregnar al conjunto de la vid política en Madrid de ética, valores, honradez, transparencia y honestidad".

Este Código incluye directrices sobre contrataciones, vigilancia de las mismas, nombramientos de cargos de confianza e incluso una tabla de salarios establecidos. Todo ello con el objetivo de trasladar a la ciudadanía que nace "una nueva etapa" en la que el PSM está llamado a liderar la política de Madrid, ante la inacción del PP, acosado por la corrupción.

Las medidas más importantes que propone el documento son:

1. Establecer comisiones de seguimiento y vigilancia de las contrataciones, y publicación de las propuestas y conclusiones de las mismas.

2. Crear comisiones de investigación en las que participen los distintos grupos políticos de forma proporcional a su representación y en las que las decisiones se tomen por mayoría cualificada.

3. Garantizar la máxima transparencia en los procedimientos urbanísticos, mediante la realización de auditorías urbanísticas en los Ayuntamientos y la Comunidad de Madrid, a través de un organismo de control, similar al Tribunal de Cuentas, en su estructura y sus funciones.

4. Alcanzar la máxima publicidad y libre accesibilidad a las declaraciones de bienes, participaciones societarias y/o en consejos de administración, ingresos económicos y remuneraciones en dinero o especies, de los cargos electos y directivos de libre designación, de sus cónyuges o personas que convivan en análoga relación de afectividad, reflejándose la procedencia y sus variaciones durante el periodo de ejercicio como tal, y los dos años posteriores a la finalización del mismo. 

5. Acordar una regulación legislativa que permita definir un marco de remuneraciones de los cargos electos y cargos directivos de libre designación, así como el grado de dedicación y el nivel de incompatibilidad respecto a su participación en otras empresas u organizaciones, a las remuneraciones obtenidas de dichas actividades, y a la toma de decisiones que afecten al normal desempeño de su cargo.

6. Garantizar mediante el desarrollo legislativo de ámbito regional, una mínima estructura de participación ciudadana que contemple el carácter sectorial y el ámbito territorial de esta en los municipios, creándose como órgano máximo de participación el Consejo Ciudad, así como la figura del Defensor del Ciudadano, para favorecer la confianza de la ciudadanía en la acción de gobierno.

7. Asegurar la pluralidad en las empresas públicas, comisiones de investigación, seguimiento y vigilancia, así como la participación de todos los grupos con representación institucional.

8. Aplicar con el máximo rigor y tolerancia cero, la legislación y los acuerdos anti transfuguismo, garantizando el respeto a la voluntad popular expresada en los procesos electorales.

9. Establecer límites legislativos a la utilización de los recursos públicos para evitar  la prevalencia del interés particular o partidista en el uso de los mismos-Vehículos oficiales, uso de instalaciones públicas, publicidad y propaganda institucional, etc.

10. Crear comisiones de seguimiento y control del uso de los medios de comunicación públicos municipales, y reforzar los mecanismos de control de los medios públicos autonómicos, para garantizar la objetividad informativa, y el uso leal de los recursos públicos. Las decisiones se tomaran por mayoría cualificada.