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El caos y la injusticia de la nueva financiación autonómica

Se ha definido como un “Sudoku” y parece que de los difíciles, pues no hay forma humana de que se pongan de acuerdo las autonomías entre sí y con el Estado, y el PSOE y el PP, como partidos mayoritarios.

    Finalizado el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el anuncio de la Vicepresidenta Económica, que no es economista, Elena Salgado, de que el modelo, que no explicó, hubiera sido votado por 9 Comunidades y una Ciudad Autónoma (todas del PSOE), y que se habían abstenido 7, y una Ciudad Autónoma (las del PP), llegábamos a la conclusión que estaba muerto el Sistema de Financiación Autonómica del Régimen General del 2002, y había nacido uno nuevo, que según el Gobierno aportaba 11.000 millones de euros adicionales, mientras que el cálculo realizado por las Autonomías era de 13.745.

    Todo nace con la constitución en Cataluña de un organismo llamado OMNIUM CULTURAL, que realiza por primera vez en la historia un balance fiscal autonómico, en el que los madrileños aportábamos al fondo de solidaridad unos 1.500 euros por habitante, Baleares, 875, Cataluña, 480, y Navarra 50; el resto se limitaba a recibir, y como les parecía que pagaban demasiado, ya tenemos en marcha el “Tripartito”, que además de tener per omnia seculorum un Estatut en el Tribunal Constitucional, se quejaban de la desigualdad de trato.

    Atribuir a la “tribu” catalana el derecho a tener balanza fiscal es ya de por sí un atentado a la igualdad de los ciudadanos, a recibir más o menos servicios según su ubicación geográfica, lo que es de “iure” INJUSTO, pues también podría yo pedir la balanza fiscal de la urbanización en la que vivo (más bien de rentas altas), y obtener compensaciones, pero que yo sepa no se ha creado ningún OMNIUM PTA. DE HIERRO, ni parece que vaya a crearse, por lo que me veo injustamente agraviado ante la Hacienda Pública, por recibir muchísimo menos de lo que aporto.

    Más me asombra la abstención del Partido Popular, pues en una cena con su portavoz económico, mi buen amigo, Cristóbal Montoro (14 de julio), el día antes, en la Fundación Encuentro en la Libertad, había enfáticamente afirmado la injusticia de la propuesta del PSOE. Incluso al día siguiente, nuestra Presidenta, Esperanza Aguirre, manifestó que votaría en contra, si el partido no le ordenaba otra cosa, cosa que le ordenó, y Antonio Beteta se abstuvo. Ello no quita que no se desahogara con frases como “un catalán vale lo que dos madrileños”, que inmediatamente fue considerado como catalanofobia; naturalmente, Esperanza salió al paso diciendo que amaba a Cataluña.

    De los entresijos de la negociación de Zapatero con Cataluña, pues no se trataba de otra cosa, parece ser que Esquerra Republicana, según Fernando Onega, consiguió 400 millones más en conversaciones telefónicas, proclamando como gallego de paso su envidia por lo obtenido por Cataluña: 3.855 millones que al día siguiente, el Conseller Castells elevó a 4.028 para 2012, a una horquilla desde 2687 y esa cifra.

    Parecen las Elecciones Generales: todos ganan, nadie pierde, pero el problema no es ese, no es ese. El problema es que España se dirige directamente por la senda de la subvención estatal, donde los recursos, y ese es el problema, se derrochan según sea el Administrador de la Comunidad Autónoma, y como lo de la mujer del César: uno no sólo tiene que ser honesto sino parecerlo. Los burdos ejemplos de los gastos sanitarios, de las “embajadas ilegales” de Cataluña en el extranjero, son precisamente los que provocan el agravio comparativo, pues el “bellotakari” de Extremadura no se lo puede permitir.

Una última consideración de carácter general, antes de criticar el problema en serio, es la menor capacidad de maniobra del Estado Español frente al creciente poder “mafioso” de las Autonomías, y lo que es aún peor, y los catalanes no lo han considerado: cuanto más subvencionada está una Autonomía, peor va en todos los rankings de crecimiento: PIB, I+D+i, etc.. Véase el retroceso constante de Cataluña frente, sobre todo a Madrid, desde 1970, entonces ciudades paritarias, hoy, 2009, Madrid 5 veces más grande en todos los órdenes: demográfico, financiero, económico, turístico, etc. Es decir, que lo que parece va a ser su solución, en realidad es un paso más a la desincentivación, pues si uno tiene asegurado 1.000 euros diarios para su subsistencia, no se levantaría de la cama, ni iría a trabajar, por no estar motivado por el tremendo “stress” de la lucha por la supervivencia. Tomen nota de estas proféticas afirmaciones, pero pienso de verdad que disponer de más dinero retardará el progreso de Cataluña, contrariamente a lo que hoy piensa el Tripartito, hinchado por el peso del triunfo obtenido sobre el resto de los Españoles, por el indecoroso chantaje de un partido minoritario al PSOE, que, a su vez,  se encuentra en minoría en el Parlamento. Más le valdría a Zapatero tirar la toalla y enfrentarse a elecciones generales que hacer dejación de funciones, que desmembran el Estado Español.

    Técnicamente, el debate se debería de situar sobre la corresponsabilidad fiscal, y sobre los efectos distributivos del sistema de financiación regional.

    Medir, en primer lugar, la desigualdad y la proporcionalidad, comparándola con otros estados federales o semifederales como el nuestro.

    Las palabras clave, según Luís Ángel Hierro Recio y otros, de la Universidad de Sevilla, son: federalismo fiscal, desigualdad, progresividad, transferencias, corresponsabilidad fiscal, financiación autonómica y estudios comparados.

    Naturalmente, nos referimos al sistema vigente, hasta el 1 de enero de 2002.

Todo comenzó con la participación territorial del 15% de IRPF hasta 1996,  elevado al 30% en 2001, hasta ayer, que era del 33%, con competencias ampliadas, cediendo capacidades de regulación normativa, primero sobre los tributos cedidos, y una cesta de tributos participada (formada por el IVA y los Impuestos Especiales). ¡Gracias a Dios que vivo en Madrid, donde Esperanza Aguirre sólo piensa en reducirlos! Jurídicamente está presente en el artículo 158 de la Constitución, con la etiqueta de niveladores, con un objetivo de suficiencia, es decir, unos servicios mínimos, con un nombre que la Constitución no incluye (nivelación). En el hasta hoy vigente orden, la recaudación tributaria autonómica era de 2/3 del total. ¡Ahora!, ¿quién sabe?

    Conclusiones del estudio de Hierro y otros, sobre el régimen general autonómico de financiación, de 2002.

El sistema de financiación autonómica de régimen común alcanza un grado de corresponsabilidad fiscal claramente inferior a la media del grupo de países tomado como referencia. En este sentido es equiparable a la situación de Alemania, pero con la diferencia de que en nuestro país la descentralización tributaria es mayor que la alemana. Asimismo, en cuanto a peso de los ingresos tributarios respecto al total, la situación española es comparable a la suiza, con 2/3 del total de ingresos no financieros provenientes de recaudación tributaria en ambos países. Sin embargo, el grado de corresponsabilidad fiscal en Suiza es mucho mayor que en España.

    En España era donde se alcanzaba una menor desigualdad, una vez considerado el sistema de transferencias con un nivel sólo equiparable al de Australia. Sin embargo, antes de transferencias, la desigualdad es alta (sólo inferior a la de Suiza y Alemania). De aquí se deduce que el efecto de igualación generado por las transferencias en España es el más elevado de todos los países considerados, seguido a cierta distancia por Alemania.

    En cuanto a la progresividad en el reparto de los recursos, España parte de una situación inicial de prácticamente proporcionalidad, situación parecida a la de Suiza y Australia. Después de transferencias, los índices de progresividad son altos en nuestros país, muy cerca de los que alcanzan los dos países con mayor progresividad, Alemania y Canadá.

Como consecuencia de la situación descrita en el punto anterior, España es uno de los países donde se produce mayor incremento de progresividad, sólo superado por Alemania. En los restantes países dicho incremento es bastante reducido, sobre todo en Canadá y Australia.

En resumen, nuestro país se puede catalogar como muy poco corresponsable y muy nivelador en la perspectiva comparada que acometemos en este trabajo.

Si nos preguntamos que relación guardan corresponsabilidad y nivelación, o más en concreto, si se plantea la cuestión de si la modificación de la corresponsabilidad fiscal nos inducirá o no a modificar la posición del sistema de financiación autonómica en materia de nivelación, se concluye del análisis que las modificaciones en la variable corresponsabilidad no tienen por qué conducir a alteraciones sustanciales de la nivelación, ya que las decisiones sobre nivelación parecen no tomar como referencia el grado de corresponsabilidad fiscal del sistema. O dicho de otro modo, el reparto original de recursos que es función directa de la corresponsabilidad fiscal no determina la nivelación.

Por último, y al contrario que en el punto anterior, sí existe una relación claramente negativa entre corresponsabilidad, por un lado, y disminución de la desigualdad y aumento de la progresividad, de otro. De lo que parece deducirse que mayor corresponsabilidad fiscal conduce a menor impacto nivelador de las transferencias.

Cabe, entonces, preguntarse si el sistema 2002 era bueno técnicamente en su planteamiento, porque los catalanes han obligado a modificarlo. ¿Podrá seguirse manteniendo la progresividad, la igualdad y la corresponsabilidad fiscal, o más bien, el “Sudoku” de Zapatero lo habrá cambiado?

La distribución de los 11.000 millones adicionales nos da una idea muy clara del ranking total:

Cataluña: 3.855
Andalucía: 3.133
Madrid: 1.700
Comunidad Valenciana: 1.300
Galicia: 620
Baleares: 500
Canarias: 420
Castilla La Mancha: 500
Castilla León: 500
Murcia: 367
Aragón: 258
Asturias: 200
Cantabria: 110


mientras que Ceuta y Melilla están sin datos, País Vasco y Navarra ya disfrutaban de su concierto (injusto, a todas luces, aunque históricos; ya saben: fueros y otras “mandangas”.

¿Y por qué se ha abstenido el PP? Será porque no quiere parecer anticatalanista, y de paso no perder un euro de la nueva financiación, eso sí que está claro. Castells dice que el nuevo sistema eleva el 28% de los recursos, en total, 16.904 millones en 2012, lo que no está nada mal, y en cuanto a solidaridad, pasa de estar 6 puntos por debajo de media en España, a estar 5’6 puntos por encima, 11’6 puntos menos de ayuda para el resto. Y además se enorgullecen de ello en la página de publicidad que el PSC socialistes.cat ha pagado en La Vanguardia, donde de una escalada pasan de contribuir con 6 puntos a la media nacional, en 2007, cobra 2’6 en 2009, 3’4 en 2010, 4’2 en 2011 y 5’6 en 2012 (los 11’6 puntos de diferencia antes indicados). Pero en cifras absolutas es todavía peor, pasando de 313 millones de euros recibidos en 2007 a 4.028 en 2012, es decir, multiplican por 12’87 veces la cifra recibida. ¿Cuál es el total, pues, que Cataluña se queda? Siendo la cesta de recaudación 16.983 millones de euros, se quedan con 15.369 (el 90’5), y aparte 1.614 millones de euros al fondo de solidaridad, es decir, que en realidad recibirán mucho más de lo que den, el 5’6%, que hay desde la media nacional a su posición en 2012, por encima de ella.

 ¡Y encima se quejan!, pues Mas y Pujol lo rechazan, diciendo que tiene que ser mucho más, según el Estatut. ¡Y algunos piden ya la independencia! (Esquerra). Siempre defendí una España federal, pero poniendo dinero en la caja común, y no como sucede ya en el País Vasco y Navarra, y va a suceder ahora en Cataluña, que sacarán más de lo que pondrán. ¡Aviados andamos! ¡Menuda injusticia!

Bernardo Rabassa Asenjo
Sociólogo
Presidente del Club Liberal Español
Premio 1812 (2008)




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