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Griñán le paga el favor a Chaves

La Junta archiva el expediente de la subvención a Matsa

El PP quiere que testifiquen el ex ministro Carlos Solchaga y el ex consejero José Aureliano Recio por su presunta mediación

El expediente sancionador abierto por el Gobierno andaluz para investigar la subvención de 10.093.472,7 euros concedidos a la empresa Minas de Aguas Teñidas, de la que Paula Chaves, la hija del vicepresidente Manuel Chaves, era apoderada ha sido finalmente archivado al considerar el Consejo de Gobierno de la Junta que no existen indicios de infracción en las ayudas. 

Las diversas actuaciones originadas por las denuncias presentadas tanto por el sindicato Manos Limpias como por el secretario general del PP andaluz, Antonio Sanz y otros cuatro diputados, para investigar y en su caso sancionar la subvención de más de diez millones de euros a la empresa Matsa en la que trabaja Paula Chaves, la hija del ex presidente de la Junta de Andalucía y vicepresidente del Gobierno, Manuel Chaves, ha sido finalmente archivada por el Consejo de Gobierno a propuesta de la titular de Justicia y Administración Pública, Begoña Álvarez, quien dice no apreciar indicios de infracción alguna en la subvención. La denuncia en cuestión, presentada el pasado 22 de junio, consideraba que el ex presidente de la Junta, Manuel Chaves incumplió la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos al aprobar la subvención de diez millones de euros para la empresa Minas de Aguas Teñidas, en la que su hija Paula trabajaba como apoderada. En el escrito del PP se consideraba que en la aprobación de la subvención se produjo una falta de inhibición de Chaves que podría constituir una infracción "muy grave" al haber producido un "daño manifiesto" a la Junta, y se solicitaba una sanción que podría oscilar entre 3 y 10 años de inhabilitación para que Manuel Chaves pudiese ostentar cualquier cargo público.

Una vez archivado el expediente en cuestión, al PP sólo le queda la querellas interpuesta ante el Tribunal Supremo.Un total de veinticinco personas pueden ser citados como testigos en la querella criminal que el PP ha presentado ante el Tribunal Supremo por la subvención de 10.093.472,70 euros que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por Manuel Chaves, le concedió el 20 de enero de 2009 a la empresa Minas de Aguas Teñidas S.A.U. de la que, desde unos meses antes, Paula Chaves, hija del actual vicepresidente del Gobierno, era apoderada. Entre ellas, además de la propia Paula Chaves y los miembros del Consejo de Gobierno que aprobaron la subvención y que no se hallen imputados, el PP quiere que testifiquen el ex ministro Carlos Solchaga y el ex consejero de la Junta, José Aureliano Recio, por su presunta mediación, a través de su empresa Recio&Asociados, para lograr la subvención. Otro de los testigos que podrían comparecer sería Francisco García Ruiz. ex alcalde de Almonaster la Real, localidad en la que está ubicada Matsa, que dio el visto bueno a la recalificación de los terrenos en los que se halla la empresa y que, curiosamente, encontró colocación en la misma tras dejar la Alcaldía.

La querella presentada por el procurador José Luis Ferrer en nombre el PP hace una pormenorizada descripción de los trámites que precedieron a la adjudicación de la subvención, que había sido denegada en dos ocasiones con anterioridad, y pone en tela de juicio la legalidad de la misma al detectarse diversas anomalías. Por ello, y pese a que el único querellado de momento es Manuel Chaves, a quien se le acusa de presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influenciasno se descarta que se imputen a otras personas que podráin haber participado en los hechos. Asímismo, se destaca la rapidez con que fue tramitada la solicitud por la Agencia IDEA una vez que Paula Chaves figuró como apoderada de la empresa, y resalta la visita inaugural que el propio Manuel Chaves realizó a la mina.

Por último, los populares realizan una comparación de las ayudas dadas por la Junta a otras entidades de similar cometido, los trámites empleados y la documentación aportada que ponen en evidencia el supuesto trato de favor para la empresa Minas de Aguas Teñidas S.A.U. respecto a otros solicitantes de ayudas.

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