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La Comisión de diputados hizo conocer una lista de 17 personas citadas

Rubén Costas y Branko Marinkovic son convocados a declarar

La Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que investiga los nexos de la supuesta célula terrorista desbaratada en abril pasado, informó que evalúa convocar al menos a veinte personas, entre ellas al prefecto Rubén Costas, al ex dirigente cívico Branco Marinkovic, para que declaren sobre su presunta vinculación con el grupo irregular.

    La información fue proporcionada por el presidente de la comisión legislativa, César Navarro, quien explicó que la lista no es definitiva y que podría ser reducida o ampliada en “en función de los informes, de los datos que se obtengan en las declaraciones”.

    La nómina incluye también a David Sejas, ex presidente de la radical Unión Juvenil Cruceñista (UJC); Moisés Shiriqui, alcalde de Trinidad; y Alberto Melgar, presidente del Comité Cívico de Trinidad, entre otros.

    La nómina se completa con la citación de Alberto Costas, hijo del Prefecto cruceño; Alfredo Saucedo, ex miembro de la UJC; Eduardo Paz, de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo (Cainco); Líder Paz Castro y Jorge Rivero miembros de la Falange Socialista Boliviana (FSB); Ronald Suárez de Lorhat; Jorge Santiesteban y Róger Martínez, miembros de la Federación Universitaria Local; Edmundo Farah, delegado por la Alcaldía Municipal de Santa Cruz, al grupo “La Torre”; Germán Antelo, presidente de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE); Juan Kudelca, del Comité Pro Santa Cruz; Roberto Gutiérrez, ex segundo vicepresidente del Comité Cívico; los tres delegados a “La Torre” y Carlos Guillén quien estuvo involucrado en la venta de un automóvil al supuesto jefe de la banda terrorista, Eduardo Rózsa Flores.

    En Trinidad, declararán Zoilo Galces, asesor del Comité Cívico trinitario; Isaac Shiriqui, hermano del alcalde de Trinidad; Carlos Dellien, de la Prefectura del Beni; Juan Carlos Suárez, de la Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni) y Edwin Brause, dueño de un restaurant de Trinidad donde se reunieron el 31 de enero con el grupo de Rózsa.

    “Las personas que están citadas y no quieren prestar su declaración, no serán obligadas a hacerlo. Están en su pleno derecho de no venir a declarar. Sin embargo, nosotros estamos en la obligación de sacar nuestras conclusiones en función de la información y de las opiniones y declaraciones que han prestado a la Comisión”, manifestó.

    Navarro advirtió que, si las personas que han sido involucradas con declaraciones y con documentación, y no hacen uso de su derecho a prestar información a la Comisión, “deberán defenderse en las instancias judiciales porque la Comisión Especial emitirá a la Fiscalía, un informe tomando en cuenta los elementos que se tengan”.

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