Carta Iberoamericana a favor de la ética y la eficacia en la Administración

El documento, de dieciséis páginas, pretende ser una "guía y orientación" para los gobiernos iberoamericanos y proclama la necesidad de asegurar objetivos como la gobernabilidad democrática, la justicia social y la eficacia de la función pública.

El secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, dijo a Efe que la aprobación de este texto es "un hito muy importante no sólo por la mejora de la Administración del Estado, sino también por su consolidación al servicio de la democracia".

La aprobación de la "Carta de participación ciudadana en la gestión pública" fue la conclusión principal de dos días de reuniones a los que asistieron diecisiete países.

"El ciudadano debe ser no sólo administrado, sino también administrador, hay que generar conciencia pública y demandar mayor calidad de la política", dijo Iglesias en la clausura de la reunión.

El ministro portugués de Estado y Finanzas, Fernando Teixeira dos Santos, destacó que la Carta supone "importantes avances" para las relación entre el Estado y los ciudadanos y fue fruto del consenso.

"Los ciudadanos esperan más de nosotros, tenemos que ser capaces de responder de forma adecuada", subrayó.

El documento de Lisboa establece que se deben "incrementar las capacidades institucionales" necesarias para mejorar las administraciones y hacerlas más eficaces y transparentes.

"En la actual situación de crisis global, el Estado asume un papel aún más relevante", según las conclusiones de la reunión, en las que se exhorta a utilizar las últimas tecnologías para acercar la Administración al ciudadano y facilitar "la expresión y defensa de sus intereses".

La Carta Iberoamericana, que no será jurídicamente vinculante, considera que "la participación ciudadana en la gestión pública es consustancial a la democracia".

También reconoce el papel del Estado para establecer las políticas públicas, pero indica que debe garantizar "el derecho de las personas a intervenir en la gestión pública" y velar por los servicios que recibe el ciudadano.

La "transparencia" es un "requisito indispensable" para lograr esos objetivos, señala la Carta, que aconseja formar y sensibilizar a los funcionarios públicos.

La igualdad, gratuidad, respeto a la diversidad y no discriminación, así como mecanismos para que la ciudadanía pueda evaluar las políticas públicas están entre los principios de la Administración enumerados en el texto, que también recomienda impulsar el "gobierno electrónico" a través de los nuevos medios tecnológicos.

La Carta fue firmada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.